La asociación de Madres y Padres de Alsasua asegura haber superado con creces su poder de convocatoria en la capital navarra en rechazo de lo que consideran una “aberración” judicial, tras el arresto por riesgo de fuga de cuatro de los condenados por el caso Alsasua y por la propia sentencia de la Audiencia Nacional.
La plataforma ha cuantificado entre 80.000 y 90.000 asistentes a la protesta de este sábado en Pamplona. En abril calcularon una asistencia de 50.000 personas. La población navarra supera levemente las 200.000 personas.
En efecto, las imágenes de la manifestación dan muestra de la gran afluencia a la convocatoria por lo que entienden como “auténtico atropello judicial con la condena a largos años de prisión para nuestros hijos”. No obstante, la Policía Nacional y la Policía Municipal de Pamplona cuantificaron en 30.000 los asistentes.
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“No podemos, la sociedad no puede permitir que se repitan situaciones de este tipo. Siete de ellos se encuentran ahora mismo encarcelados a cientos de kilómetros de sus hogares, con una pena de entre 9 a 13 años de cárcel a la espalda, que van a truncar su vida y su futuro y van a hipotecar el día a día de sus familias” clamaron las madres y padres de condenados en la declaración al final de la protesta.
“Desde hace un año y medio venimos denunciando la vulneración de derechos y de principios básicos. Se han vulnerado durante la instrucción de la causa, durante la fase de juicio oral, y en la misma sentencia. Se han vulnerado derechos y principios legales con la imposición de prisión preventiva para tres de nuestros hijos que llevan más de año y medio y con el encarcelamiento reciente de otros cuatro de nuestros hijos alegando el riesgo de fuga”.
Además del inesperado arresto de estos cuatro condenados, la pasada semana la Fiscalía anunció su recurso contra la sentencia de la Audiencia Nacional, que condena a entre 2 y 13 años de prisión a los ocho agresores de dos guardias civiles y sus parejas en la localidad navarra de Alsasua. El Ministerio Público entiende que deben aplicarse penas por terrorismo a la agresión: «Fue una agresión planificada y organizada contra dos miembros de la Guardia Civil y sus parejas con una finalidad terrorista”, insiste Fiscalía, que rechaza que se trate de una simple “pelea de bar”.
El fiscal José Perals pedía para los agresores entre 12 y 62 años de cárcel por delitos de amenazas y lesiones terroristas o, alternativamente, entre 6 y 17 años manteniendo solo un delito de terrorismo, el de desórdenes públicos. Según analizó este medio, la Fiscalía pide en este caso penas más duras que las solicitadas en casos de atentados terroristas de ETA.
La Audiencia Nacional, en cambio, rechazó que se tratara de terrorismo porque no quedó acreditado que los acusados actuaran asumiendo los postulados de ETA, ni su vinculación directa ni pertenencia a la banda. Dispuso penas de entre 2 y 13 años de prisión por delitos de atentado a los agentes de la Autoridad, lesiones, desórdenes públicos y amenazas.
“Se han utilizado de manera torticera la calificación de los hechos como terrorismo para usurpar la competencia al juzgado ordinario de Navarra y trasladar la causa a un tribunal excepcional como la Audiencia Nacional. Un tribunal permeable a las influencias exteriores. La sombra de la Guardia Civil, y no sólo la sombra, ha sobrevolado en todo este proceso. La jueza instructora Lamela, la que no permitió a las defensas la inclusión de pruebas y relatos de testigos, está condecorada por la Guardia Civil. La Guardia Civil ha llevado a cabo la investigación de esta causa. ¿Dónde queda la imparcialidad en la investigación de los hechos?”, reclaman las familias.
La plataforma asegura que para “diferentes asociaciones de abogados y de juristas que han estudiado la sentencia, las condenas son muestra de ensañamiento y crueldad”: “ Son absolutamente desproporcionadas. Incluso dando por buena la descripción de los acontecimientos de aquella fatídica noche, los juzgados ordinarios suelen condenar este tipo de hechos con multas, indemnizaciones y bajas penas que no suponen ingreso en prisión. 9571 casos similares ocurrieron en el año 2016”.
Las familias “retan” a que se les indique “en cuántos casos equivalentes, -donde la lesión más grave ha sido una fractura de tobillo y donde no se han utilizado armas-, se ha castigado con penas que supongan el ingreso en prisión. Hace pocos días hemos conocido la sentencia sobre unos hechos similares ocurridos con unos Policías Nacionales en un bar de Pamplona y la condena máxima ha sido de un año y nueve meses”, critican.
Además de elevar sus protestas con apoyo de buena parte de la sociedad navarra, las madres y padres de los ocho condenados piden “medidas legales para impedir el uso extensivo de la ley y los abusos de poder” y para “ acotar la injerencia externa y el excesivo poder de unos tribunales excepcionales”.
“Para todo ello ofrecemos a los actores políticos, sociales, culturales, académicos, jurídicos e institucionales la propuesta para la creación de una Mesa para la regeneración democrática y la recuperación de derechos y libertades. Una propuesta que invitamos a ser debatida y a llenar de contenido para que encontremos soluciones efectivas a fin de que hechos similares no vuelvan a ocurrir a nadie y se haga por fin justicia”, exigieron las familias.
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