Casado pone su defensa por el máster en manos del bufete que defendió a Rato y Urdangarin

El presidente del PP, Pablo Casado, ha decidido contratar al prestigioso bufete Oliva-Ayala para que se ocupe de representarle ante el Tribunal Supremo, que debe decidir en las próximas semanas si abre causa contra él por las presuntas irregularidades en los estudios que cursó en la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), según informa elconfidencial.com.

Este medio online asegura que, por tanto, “no serán los servicios jurídicos del partido los que asuman este papel sino un letrado, al que pagará de su bolsillo”, informan fuentes cercanas al líder de la oposición. Y que le han contado fuentes cercanas al líder de la oposición que Casado tomó esta decisión tras valorar que sus problemas en los tribunales son un asunto particular por actividades desarrolladas al margen de sus funciones públicas o en el seno de la formación.

Además, elconfidencial.com hace notar que Ignacio Ayala, el abogado escogido, ha representado en los últimos años a conocidas personalidades tanto del área de la política como de la banca o el deporte. Y dice que, por ejemplo, se ha encargado de la defensa del exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato en la causa en la que se le investiga por la salida a bolsa de Bankia y la desarrollada por el uso de las tarjetas ‘black’.

Aputna además, que Ayala fue, además, el primer abogado de Iñaki Urdangarin en el caso Nóos. E informa que el despacho, que comparte nombre con Horacio Oliva, ha defendido en los últimos años a Emilio Botín o Jesús Polanco. También representó al jugador del FC Barcelona Lionel Messi. De forma más reciente, Ayala se ha ocupado de los caso abiertos contra el expresidente de Bancaja Ignacio Oliva y el expresidente de Abengoa Felipe Benjumea.

Casado ha decidido anticipar su defensa ante la próxima decisión del Tribunal Supremo sobre su título en la Rey Juan Carlos y ha remitido un extenso escrito de alegaciones en el que trata de desmontar los argumentos de la jueza Carmen Rodríguez-Medel, que le atribuye delitos de prevaricación y cohecho impropio. La presentación de estas alegaciones coincidió con la marea política provocada por la tesis del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

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