El reformulado Plan Económico-Financiero (PEF) del Ayuntamiento de Madrid ha salido adelante en el Pleno extraordinario de hoy un día antes de que venciese el plazo dado por el Ministerio de Hacienda, gracias a los votos de Ahora Madrid y la abstención de PSOE, PP y Ciudadanos.
El delegado de Economía y Hacienda, Carlos Sánchez Mato, ha defendido en el Pleno extraordinario el tercer PEF en lo que va de legislatura, que «cumple con la normativa vigente, como los anteriores, con medidas incorporadas que vienen derivadas de las actuaciones ya realizadas en 2017, como los Acuerdos de No Disponibilidad y los posteriores suplementos de crédito para financiar las Inversiones Financieramente Sostenibles» y a pesar de que «el PP haya puesto palos en las ruedas», en referencia a los recursos interpuestos interpuestos por Delegación de Gobierno, según declaraciones recogidas por Europa Press.
El 28 de marzo de 2017 se aprobó un PEF por incumplimiento de la regla de gasto en la liquidación del ejercicio de 2016, cuando se registró un superávit presupuestario de 1.022 millones, el 0,76% del PIB de Madrid.
También se cumplían los objetivos de deuda amortizando 899 millones hasta alcanzar una deuda de 3.868 millones. Esta cifra supone un 2,88% con respecto al PIB de Madrid. Igualmente en 2016 se cumplía el plazo de pago a proveedores, con una media de 19 días desde la recepción de las facturas. «Son datos históricamente positivos para Madrid«, ha defendido el delegado.
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Sánchez Mato ha defendido datos como que la deuda supone hoy la mitad respècto al PIB de lo que costaba en los mandatos del PP: en 2013, bajo la alcaldía de Ana Botella, la deuda consolidada alcanzaba los 7.699 millones, cantidad que representa el 173% de los ingresos consolidados y el 5,8% del PIB. El pago medio a proveedores a finales de 2012 se situaba en los 329 días. «La mejora es evidente», ha argumentado el concejal.
El delegado ha detallado que el incumplimiento de la regla de gasto es de 233,4 millones de euros y ha subrayado que no responde a una «cabezonería» suya sino a medidas como la adquisición del edificio de Alcalá 45, su «palacete», como lo definen PP y Cs, operación con la que se ahorrarán las arcas municipales hasta 21 millones en alquileres en los dos próximos años, no en el ejercicio de adquisición. «En la UE lo consideran válido en la interpretación de la regla de gasto pero en España no y eso nos penaliza», ha apuntado.
Otra de las razones del incumplimiento reside en la «despectiva compra de suelo» que señalan algunos grupos de la oposición, cuando en realidad son «ejecución y pago de sentencias judiciales», un total de 101 millones en 2016. «Son sentencias firmes no provisionadas por el PP y que hay que pagar pero por eso nos penalizan en la regla de gasto», ha indicado Carlos Sánchez Mato.
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