El año en que Manuela Carmena fue investida alcaldesa de Madrid, el ayuntamiento de la capital, ajustado al presupuesto elaborado por Ana Botella, realizó inversiones financieramente sostenibles por un valor total de 18 millones de euros. Fue la segunda ciudad, por detrás de Barcelona, que más dinero destinó a estas operaciones. Cuatro años después, Madrid ha aumentado esta cifra en un 1.500 %.
El Ministerio de Hacienda ha presentado esta semana el informe relativo a la aplicación de la normativa sobre inversiones financieramente sostenibles en 2018. Un documento donde queda detallado el gasto municipal en estas operaciones que, principalmente, afectan a vías públicas, infraestructuras, transporte y parques y jardines.
Según los datos de Hacienda, las inversiones del Ayuntamiento de Madrid alcanzaron los 270 millones de euros y representan el 31,4% de la inversión total comunicada por los ayuntamientos durante todo el año 2018. Barcelona, la segunda de la tabla, dedicó 30 millones a estas inversiones.
El importe total en inversiones financieramente sostenibles realizado en 2018 por las entidades locales se eleva a 1.341,76 millones €, un 45,9% más que en 2017. Esta inversión se financia con 582,11 millones a cargo del superávit de 2016 y con 759,65 millones a cargo del superávit de 2017.
De los 1.341,76 millones € de las IFS realizadas en 2018, un 64,4% (863,98 millones €) corresponden a los municipios, y el resto (477,78 millones €), corresponden a actuaciones de las diputaciones provinciales.
Las entidades locales de la Comunidad de Madrid son las que ejecutan un mayor volumen de las inversiones financieramente sostenibles (un 22,9% de la inversión total), fundamentalmente por las IFS del Ayuntamiento de Madrid (el 88,1% del total de la comunidad).
En 2017, el consistorio liderado por Manuela Carmena invirtió 150 millones en estas operaciones, que supusieron el 25% de toda la inversión comunicada por las entidades locales.
¿Qué es una IFS?
La disposición adicional sexta de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (en adelante, LOEPSF) establece que las entidades locales podrán destinar el superávit o el remanente de tesorería para gastos generales a financiar inversiones financieramente sostenibles.
Para realizarlas, los ayuntamientos debe cumplir o no superar los límites que fije la legislación reguladora de las Haciendas Locales en materia de autorización de operaciones de endeudamiento.
Además, deben presentar en el ejercicio anterior superávit en términos de contabilidad nacional y remanente de tesorería positivo para gastos generales, una vez descontado el efecto de las medidas especiales de financiación que se instrumenten en el marco de la disposición adicional primera de esta Ley. Es decir, deben tener superávit y ejecutarlas antes de que ese remanente se utilice para la amortización de deuda.
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