Manuela Carmena, alcaldesa de Madrid
El Ayuntamiento de Madrid eleva la exigencia de transparencia. Este jueves entra en vigor la ordenanza de Transparencia con la que los concejales de los cuatro grupos del Consistorio tendrán que cumplir una serie de cumplimientos si no quieren ser apercibidos públicamente, así como si no quieren abrir la puerta a ser sancionados por una comisión de seguimientos.
El Gobierno de Manuela Carmena sacó adelante el verano pasado la ordenanza de Transparencia con los votos favorables del PSOE y Ciudadanos, y con la abstención del PP. Un año después, este jueves, comenzará a andar. Una normativa en la que todos los ediles tendrán que publicar su agenda y los regalos protocolarios que reciban.
Y es que los regalos a políticos se ha convertido en uno de los conceptos que más se han visto en los casos de corrupción. De hecho, hasta un presidente de una comunidad autónoma, como sucedió con Francisco Camps, se tuvo que sentar ante los tribunales por el famoso traje que recibió de un empresario. Una situación que Carmena quiere evitar en el Ayuntamiento de Madrid.
Para ello, el Consistorio ha prohibido que los concejales puedan recibir muestras de cortesía que superen los 50 euros de su valor. Y es más: no se podrán aceptar más de tres regalos de una misma persona física o jurídica al año. De la misma manera, los políticos tienen, a partir de mañana, la obligación de hacer pública sus agendas. Algo que Ahora Madrid, PSOE y Ciudadanos llevan realizando desde hace tiempo, según ha recordado Europa Press.
Asimismo, tendrán que publicarse en el portal de Gobierno Abierto las atenciones protocolarias siguiendo lo ya aplicable a todos los ediles de gobierno, titulares de órganos directivos y empleados del Ayuntamiento y sus organismos autónomos. Una ordenanza de Transparencia donde también se incluye el registro obligatorio de lobbies, aunque no entrará en vigor este mes de agosto.
En total, a través de 54 artículos, el Ayuntamiento de Madrid pone marcha a la primera ordenanza de Transparencia de la ciudad y de España. Todo estará vigilado por una comisión donde, según la agencia de noticias, estará presente el Consejo Estatal de Transparencia y el futuro director de la Oficina municipal contra la Corrupción. Ellos serán los encargados de dictar las sanciones a quienes no cumplan con las obligaciones, que incluso pueden llegar a proponer el cese de directores generales.
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