El Ayuntamiento de Madrid va a intentar expropiar un bloque de viviendas en Lavapiés, perteneciente a una entidad bancaria, ante la falta de conservación y rehabilitación de los propietarios. El objetivo del consistorio de Manuela Carmena sería devolver la habitabilidad al edificio en plena burbuja del alquiler.
Tras años de incumplir reiteradamente las órdenes de ejecución dictadas desde 2001 para la reparación de las graves deficiencias que dificultan la habitabilidad del edificio situado en la calle Ventorrillo 7 por parte de sus propietarios, el Ayuntamiento de Madrid va a iniciar el procedimiento para declarar el incumplimiento del deber de conservar o rehabilitar que puede concluir con la expropiación del edificio.
Así lo asegura el consistorio en un comunicado que justifica el proceso basándose en el artículo 46 de la Ordenanza de Conservación, Rehabilitación y Estado Ruinoso de las Edificaciones.
La última inspección de los técnicos municipales constató que las obras de reparación ordenadas por el ayuntamiento no habían sido realizadas, lo que supone la imposición de la tercera multa coercitiva por importe de 3.000 euros para el actual propietario de la finca, una entidad bancaria (BBVA) que lo adquirió tras una ejecución hipotecaria, informa el equipo de Alcaldía a EL BOLETÍN.
El Ayuntamiento de Madrid recurre de esta forma a lo previsto en el artículo 138 de la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid, para garantizar la conservación del patrimonio residencial de la ciudad y adquirir viviendas para destinarlas al alquiler social en un barrio, “con un mercado inmobiliario especialmente tensionado por el alza de precios que está sufriendo casos de expulsión de sus residentes”, explica el consistorio.
La finca de Ventorrillo 7 fue construida en el año 1900 y forma parte del Conjunto Histórico de la Villa de Madrid. Con una superficie de 1.977 metros cuadrados cuenta con un local comercial, dos almacenes y 43 viviendas, de las cuales solo dos pudieron ser inspeccionadas en la última visita por hallarse el resto tabicadas.
Sus actuales inquilinas son personas de la tercera edad con rentas antiguas a las que, en caso de producirse la expropiación, el Ayuntamiento de Madrid ofrecería una nueva vivienda en virtud del convenio con la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo para la aplicación del programa de emergencia residencial, dada la inhabitabilidad en la que se encuentra el edificio en estos momentos.
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