Las ONG de la Iglesia católica que promueven la iniciativa ‘Enlázate por la Justicia’ (Cáritas, CEDIS, CONFER, Justicia y Paz, Manos Unidas y REDES) quieren concienciar a la opinión pública de “la historia de sangre que se esconde tras los teléfonos móviles” y denunciar “los abusos sociales y medioambientales que se cometen tanto en el proceso de fabricación como en el uso diario de estos dispositivos”.
Este es el objetivo que estas las entidades que impulsan la campaña “Si Cuidas el Planeta, Combates la Pobreza” se han puesto y del que informaron ayer con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente
Cáritas explica en su web “que producir un kilo de coltán, un mineral indispensable para fabricar teléfonos móviles, le cuesta la vida a dos personas en la República Democrática del Congo” y recuerda que “además de un precio económico, los móviles tienen importantes costes sociales y medioambientales.
Recuerdan esta ONG de la Iglesia católica que in móvil estándar contiene entre 500 y 1.000 componentes distintos y que “la extracción y procesamiento de estos componentes generan unos 75 kg de desperdicios por teléfono”. Recalcando que “algunos de estos elementos son recursos caros y escasos, y están relacionados con abusos sociales y medioambientales”.
Hace notar que “el impacto ambiental de la producción de smartphones es tan alto que para compensar las emisiones de gases efecto invernadero tendríamos que usar cada dispositivo entre 33 y 89 años” y que sin embargo, en Europa se renueva cada año alrededor del 40% del parque de móviles existentes, lo que suponen unos 18 millones de móviles sólo en España.
Critica que aunque “la vida útil de un aparato es de unos 10 años, batería aparte, el tiempo medio de utilización se sitúa entre el año y medio y los dos años y medio y se queja de que “poco parecen preocuparnos los impactos a largo plazo de la eliminación de esta basura tecnológica, un problema global que se hace patente en las exportaciones de aparatos electrónicos usados a terceros países, especialmente de Asia y África, que no están preparados para la gestión de estos desechos.
“Enlázate por la Justicia” pone el acento, también, en la brecha digital que conlleva el uso del smartphone, al convertirse en un indicador más de la diferenciación social. El problema moral más serio causado por las nuevas tecnologías de la comunicación es el acceso desigual a la información que existe actualmente y que estimula el surgimiento de una nueva clase, la de los ricos en información, capaces de acceder sin limitaciones geográficas o económicas a las redes móviles de internet.
Destaca que la conocida como brecha digital se da principalmente en los países africanos, donde aunque se posean teléfonos móviles, se está lejos todavía de procurar un acceso mayoritario a la red a través de los mismos. En la actualidad (marzo de 2019) tan solo el 35,9% de los ciudadanos africanos cuentan con acceso a internet, frente al 86,6% si hablamos de los europeos y un 89,1% si se trata de residentes norteamericanos. A menos que se haga algo al respecto, la creciente brecha entre los países subconectados y los hiperdigitalizados se ensanchará, lo que agravará las desigualdades que ya existen.
Además, avisa que “el nivel de digitalización puede incluso influir en la capacidad de los países para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible y enfrentar desafíos como el hambre, las enfermedades y el cambio climático” Por lo que pide un “mayor esfuerzo para apoyar a los países en sus intentos de integrarse a la economía digital”.
Estas ONG ponen pone el foco en tres puntos geográficos que dicen sufren especialmente los efectos sociales y medioambientales de la producción de tecnología: la República Democrática del Congo, Ghana y la Amazonía.
E informa que “la comunidad de Manguredjipa, en el territorio de Lubero de la provincia de Kivu Norte, de la R.D. Congo, está en el “ojo del huracán” al ser una región productora de cobalto, cobre, uranio, oro, diamantes, casiterita y coltán. La explotación y el contrabando de este último se debe a la enorme demanda internacional de productos electrónicos, especialmente de la tecnología móvil, en la que es imprescindible el tantalio, que se extrae del ya citado coltán. El 80% de las reservas mundiales de este mineral se encuentran en el este del Congo y su explotación está ligada a la violación de derechos humanos, la destrucción del medio ambiente y la financiación de los conflictos existentes en la región. Se estima que la extracción de cada kilo de coltán le cuesta la vida a dos personas en Congo.
Sobre Ghana, explica que en Agbogbloshie un barrio de Accra, la capital, donde viven unas 40.000 personas bajo condiciones de extrema pobreza, es desde hace una década, “uno de los cementerios de basura electrónica procedente de Europa y Norteamérica más grandes del mundo”, donde familias enteras, incluidos niños y niñas, trabajan 12 horas al día en este vertedero, un oficio en el que ganan más de dos euros al día, que duplica el salario mínimo en el país.
En este informe se explica que “este lugar se considera uno de los lugares más contaminado del continente africano, principalmente por metales como plomo, berilio, cadmio o mercurio”. Y se cita “un estudio de la ONU en el 2014 reflejó que en Agbogbloshie la concentración de plomo en el suelo llega a superar mil veces el nivel máximo de tolerancia”, por lo que Naciones Unidas ha incluido a Agbogbloshie en la lista de los sitios más peligrosos del mundo para vivir.
La Amazonía es otro de los escenarios donde se sufren los efectos medioambientales de la extracción minera relacionada con las nuevas tecnologías. Esta actividad ha supuesto enormes perjuicios a la población indígena y destrucción ambiental tanto en Brasil como Venezuela, sobre todo en la región de los ríos Orinoco, Mucajai, Parima y Catrimani.
En este informe se pone de manifiesto que «en la época de auge de explotación de oro, que también está presente en los teléfonos móviles, cerca del 20% de la población Yanomami murió a causa de enfermedades, hambre, violencia y otros impactos generados por la minería ilegal». Y se denuncia que «debido a la falta de control de esta actividad, los territorios indígenas enfrentan graves peligros de destrucción, contaminación de agua, acumulación de residuos sólidos no biodegradables, afectando no solo a la naturaleza y a los hábitats de diversos animales sino a la forma de vida de estas comunidades indígenas.
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