Trabajador
Una enorme lista de errores, irregularidades y falta de control de la financiación pública que se dedica a la formación de empleados en las empresas protagoniza el último informe del Tribunal de Cuentas, que ahora analiza las ayudas entre 2010 y 2012. El fiscalizador llega a denunciar que “las acciones formativas desarrolladas por las empresas responden más a la oferta presentada por las entidades organizadoras (academias y centros de formación) que a las necesidades específicas de las propias empresas y de sus trabajadores”.
Es decir, se dedicaron partidas públicas a cursos que, en última instancia no redundaron “en una mayor productividad y competitividad de las empresas”, el objetivo final del plan de ayudas.
Estos cursos con cargo a las cuotas de formación profesional adolecieron de fallos en el sistema telemático, “lo que ocasiona falta de control y seguimiento”, según denuncia el Tribunal.
“Al menos 88 grupos formativos tuvieron una duración superior a ocho horas diarias, incumpliendo de esta forma la previsión”, destaca el fiscalizador. También se dan casos de “bonificaciones indebidamente aplicadas” por periodos de hasta dos años.
El informe constata asimismo la existencia de empresas que, “habiéndose practicado bonificaciones en las cuotas de Seguridad Social, de forma indebida, en ejercicios anteriores y no habiendo procedido a la devolución de las mismas, continuaron beneficiándose de este sistema en ejercicios posteriores”, explica el órgano que dirige Fernando Álvarez de Miranda.
“Tan solo cuatro empresas cuya actividad económica cesó en el periodo 2010-2012, remitieron a dicho organismo autónomo la documentación justificativa de las bonificaciones en las cuotas de Seguridad Social aplicadas como consecuencia de las acciones formativas desarrolladas”, explica el informe.
En la fiscalización realizada a las empresas beneficiarias se han observado incumplimientos como un aumento injustificado de los costes facturados por acciones formativas bonificadas, “así como facturas que adolecen del detalle mínimo necesario que permita identificar la actividad formativa”.
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