El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, durante uno de los Desayunos Informativos de Europa Press, en Madrid
El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha señalado este miércoles que un Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) cuyo mandato finalizó hace dos años no debería hacer nombramientos de cargos judiciales y ha llamado al PP a retomar la negociación para renovar el órgano de gobierno de los jueces.
En declaraciones a la Cadena Ser, recogidas por Europa Press, el titular de Justicia ha recordado las consecuencias de la paralización en el CGPJ: la «desconfianza en las instituciones», algo que debilita la propia creencia en el Estado y lleva a la desafección política, y un «incumplimiento flagrante del mandato constitucional», que es «clarísimo».
En este sentido, ha hecho un llamamiento al PP a retomar los contactos con el Gobierno para acabar con esta situación de interinidad en el seno del CGPJ, cuya renovación está paralizada desde hace dos años, y cumplir así con el mandato de la Carta Magna.
«No se puede abrazar la Constitución solo para lo que me interese», ha recordado a la formación liderada por Pablo Casado, porque, según ha defendido, «no se puede ser patriota a tiempo parcial».
Por ello, ha pedido a los ‘populares’ una reflexión para que se pueda llevar a cabo la renovación de las instituciones –están pendientes también las del Defensor del Pueblo, el Tribunal Constitucional o RTVE– y se retome un acuerdo que el pasado verano estaba «prácticamente cerrado».
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, filtró esta semana una conversación en la que el presidente del PP, Pablo Casado, se comprometía «al 99%» con la renovación del órgano, aunque el líder de los ‘populares’ calificó de «insólita» esta filtración y le retó a publicar el mensaje de WhatsApp con el que le respondió a esta cuestión.
En este sentido, el ministro ha señalado que efectivamente existía un acuerdo «bastante terminadito», al que le faltaban únicamente unos flecos. «Teníamos los deberes hechos», ha subrayado Campo, que ha defendido que no era un problema de nombres.
El titular de Justicia ha indicado que, en estas condiciones, los miembros del CGPJ no deberían llevar a cabo nombramientos judiciales como los planteados en la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias o la Presidencia de la Audiencia Provincial de Ourense.
«El CGPJ no tiene una función limitada, pero lo que hay por encima de todo es un ámbito claro y un mandato constitucional. Hacer nombramientos dos años después de haberse nombrado, es fácil defender que no deberían», ha argumentado.
En cualquier caso, ha defendido el sistema de elección de los miembros del CGPJ llevado a cabo por 20 vocales –12 jueces y ocho juristas– aunque éste pueda ser «mejorable». «Creo en el modelo parlamentario, en el modelo de la doble legitimación», ha dicho.
Así, ha dejado abierta la posibilidad de «perfeccionar el modelo de gestión y llevar a cabo conversaciones para potenciar una modificación de la Ley Orgánica que permitiera transmitir más tranquilidad y confianza de lo que están ahí son los mejores».
En este sentido, ha reiterado su apuesta por crear una comisión en el ámbito parlamentario y después potenciar la adopción de acuerdos. «Busquemos un diálogo reforzado, eso estaba en el acuerdo» con el PP, ha apostillado.
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