El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, durante uno de los Desayunos Informativos de Europa Press, en Madrid
El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha calificado este miércoles de «preocupantes» las noticias que se van conociendo sobre el Rey emérito pero ha señalado que en el Gobierno se confía en la institución monárquica y aboga por «protegerla» porque considera que Felipe VI «está dando pasos importantes para dotar de más transparencia el ejercicio de la Casa Real».
En una entrevista en TVE, el titular de Justicia ha apuntado que las decisiones que adopte el rey Felipe VI serán «bien entendidas y acogidas» por la ciudadanía y por el Gobierno, y ha recalcado que sobre la investigación abierta en la Fiscalía del Tribunal Supremo para dilucidar si Juan Carlos I participó de comisiones ilegales en relación con la adjudicación del AVE a La Meca, solo puede transmitir su confianza en los tribunales.
Con todo, ha destacado que en España existe un Estado de Derecho sólido donde hay presunción de inocencia, y ha indicado que el debate sobre los límites de los aforamientos debe abordarse «con serenidad y seguir profundizando en él». «Pero hay problemas prioritarios, y se debe proteger la salud, evitar la pandemia y salir de la crisis económica», ha añadido.
No obstante, sobre si es partidario de reformar la Constitución para que la inviolabilidad del Rey sólo se ciña a los actos políticos del Jefe del Estado, el ministro ha puntualizado que puesto que la Constitución del 78 determinó un gran acuerdo social, «cualquier opción en esa materia debe seguir esa pauta».
«Hay que ponerse a hablar, hacer una reflexión puntual y amplia, y adoptar para nuestro marco la mejor de las opciones. Lo mejor será lo que nos demos entre todos, (…) hace falta mucho debate, mucho sosiego y ceder», ha explicado, para añadir que «el consenso es lo único que puede llevar a una convivencia pacifica entre españoles».
EL TERCER GRADO DE LOS PRESOS DEL PROCÉS
Por otro lado, sobre la decisión del Servicio de Clasificación de la Secretaría de Medidas Penales, Reinserción y Atención a la Víctima de la Conselleria de Justicia de la Generalitat de conceder el tercer grado a los nueve líderes independentistas condenados por el Tribunal Supremo por el proceso soberanista, Campo ha eludido afirmar que la Fiscalía deba actuar, y únicamente ha apuntado que el Gobierno solo puede actuar con respeto a las decisiones acordadas.
No obstante, recuerda que contra ese tercer grado cabe recurso ante juez de vigilancia penitenciaria y posteriormente ante un órgano superior. «Hay que dejar que el Estado de Derecho funcione, con decisiones como esta queda claro que el sistema funciona y al que no le guste –la medida– puede recurrir», ha apuntado.
Además, sobre el espionaje que habría sufrido en 2019 el móvil del presidente del Parlament catalán, Roger Torrent, ha calificado el hecho de grave y ha recordado que en un Estado de Derecho se debe proteger el secreto de las comunicaciones. Así, ha añadido que si esa vulneración se ha producido con el programa Pegasus, «es un motivo preocupante».
Dado que ese sistema desarrollado por Israel sólo está disponible para las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, Campo ha sido preguntado sobre si hay personas que actúen sin conocimiento del Gobierno, pero el ministro sólo se ha contestado que si se ha dado una transgresión se debe indagar, y ha recordado que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) está supervisado por magistrados del Tribunal Supremo.
RENOVACIÓN DEL CGPJ
En cuanto a la renovación del Consejo General del Poder Judicial, Campo ha indicado que le llama la atención que a algunas formaciones se les llena la boca hablando de la Constitución y de su cumplimiento mientras que «algo fundamental» como es renovar el órgano de gobierno de los jueces o la renovación parcial del Tribunal Constitucional, «el PP no quiera entrar en ese debate».
«Para fortalecer la Constitución, lo primero que hay que hacer es cumplirla», ha indicado, para luego añadir que por número de diputados «el PP es tremendamente significativo para salir del bloqueo». «Este impasse no se puede tolerar, el consejo dura cinco años según el mandato constitucional, y es diáfano, claro y transparente, hay que cumplirlo, ha explicado.
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