Campo admite que hay debate jurídico sobre como actuar ante un asintomático que rechace el confinamiento

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha manifestado este lunes en rueda de prensa que la forma de actuar frente a la negativa a guardar el confinamiento por parte de ciudadanos que den positivo en coronavirus y que sean asintomáticos está abierta a debate jurídico, y que deberán establecerse criterios sobre cómo actuar en estos casos con criterios de «proporcionalidad».

Campo ha realizado estas manifestaciones en una rueda de prensa telemática a preguntas de los periodistas, al ser inquirido por la posible aplicación de herramientas legales en caso de confinamientos de positivos que no presenten síntomas de covid-19.

Según el ministro cabría preguntarse qué diría cualquier ciudadano ante el caso de tener conocimiento de alguien que ha dado positivo y no se aísla voluntariamente, y «a partir de ahí hay que abrir supuestos, como pasa siempre en el mundo del derecho», ha añadido.

En este sentido el ministro ha apuntado tres de estos supuestos: el de alguien que es positivo y vive con sus padres octogenarios y no le quiere contagiar, y que pide que lleven a otro lado para ser atendido; el de aquel que vive solo y no quiere vivir esa situación en soledad y en tercer lugar el del reticente o renuente a someterse a aislamiento pese a dar positivo en los test de detección de la enfermedad.

En este último caso, Campo ha recordado que el propio Código Penal contempla como delito el cometido por quien voluntariamente contagia a otras personas. «Si no se quiere confinar el debate está abierto, y tendremos que establecer cómo actuar justificándolo y con criterios de proporcionalidad, se pedirán informes pertinentes y se actuará», ha explicado, tras insistir que la normativa no puede incluir todos los casos existentes y habrá que estudiar cada uno de ellos.

En este sentido, Campo también ha respondido a una segunda pregunta sobre la afectación a los derechos fundamentales del uso de aplicaciones móviles que ya se utilizan en otros países, como la República Checa o China, que permiten controlar los itinerarios de un ciudadano para ver si cumple con las medidas de confinamiento.

«Todo se está estudiando en función de lo que marcan las autoridades sanitarias», ha manifestado el titular de Justicia, que considera que lo que no razonable es no establecer mecanismos para evitar el contagio a la ciudadanía y que el uso de estos instrumentos estaría avalado por la propia Agencia Española de Protección de Datos (AEPD). «Ya lo vemos drásticamente en los casos en los que los jueces dictan prisiones provisionales para retirar a estas personas del circuito, todo se está estudiando y todo o se tiene que hacer de una manera respetuosa con el ordenamiento jurídico, que no se devalúa en el estado de alarma».

BULOS Y FAKE NEWS

Sobre las denuncias ante Fiscalía de Unidas Podemos por los bulos sobre la pandemia que circulan por redes sociales el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha añadido en la misma rueda de prensa que desde este departamento se está «monitorizando constantemente» las redes sociales, aunque se ha remitido a la «dirección» de la investigación ya abierta por la Fiscalía o la autoridad judicial.

Además, ha constatado que bajo el estado de alarma se están utilizando las redes sociales en ocasiones de «forma indebida» y «en algunos momentos incluso criminal» por la difusión de noticias falsas.

También ha dado el titular del Interior su opinión sobre la reedición de los Pactos de la Moncloa reconociendo que esto no «va a ser fácil» pero que «hay que empezar el camino y tener voluntad» para llegar a un acuerdo por la reconstrucción una vez termine el estado de alarma y vuelva la normalidad a la actividad económica. En este sentido, Grande-Marlaska ha valorado de forma positiva que los presidente autonómicas mostraran el fin de semana en la reunión telemática con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que querían ser «protagonistas de la reconstrucción dentro de la concertación».

En la ronda de preguntas, Grande-Marlaska ha dicho que desde Interior «no serán cicateros» y se «considerará como enfermedad laboral» todos los contagios por Covid-19 de agentes de la Policía Nacional o la Guardia Civil y también se ha referido a otras cuestiones como la corrección para dejar de multar por la compra de determinados productos considerados no esenciales, ante la falta de especificación en el real decreto del estado de alarma.

Sobre este asunto, Campo ha añadido que desconoce los pormenores de las citadas querellas, que serán resueltas por los tribunales, si bien considera que «tenemos un problema como sociedad con la irrupción de las ‘fake news'».

«Me comprometo a establecer un mecanismo que nos permita, como sociedad, a cumplimentar con el derecho a recibir información veraz, lo que está mas que justificado», ha señalado Campo, para añadir que ello se realizará con la calma que requiere cualquier cambio legislativo. Por ello, no descarta que tras concluir la pandemia se haga una «revisión de instrumentos legales para impedir que se contamine a la opinión pública», ha añadido.

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