La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, responde a las preguntas de los grupos parlamentarios en la Sesión de Control.
Calvo ha respondido así a la diputada de EH Bildu Isabel Pozueta, quien le ha preguntado si comparte los planteamientos recogidos en el informe del Poder Judicial «contrarios» al anteproyecto de Ley de Memoria Democrática.
La vicepresidenta ha señalado que, aunque «es un informe en el fondo y en muchas cuestiones bastante razonable», el Ejecutivo no está de acuerdo con que se diga «que el enaltecimiento del totalitarismo que nos corresponde a los españoles, que es el fascismo de la dictadura franquista, forma parte de la libertad de expresión cuando cada día eso significa el vilipendio absoluto de todas las víctimas que nos quedan por reparar».
La diputada de Bildu ha celebrado la respuesta de Calvo: «Nos alegra que no comparta las opiniones del CGPJ, porque claramente dicho informe es pura apología del franquismo», ha dicho en su turno de réplica.
Asimismo, la parlamentaria vasca ha criticado a los vocales del Poder Judicial y ha asegurado que le «cuesta creer que en un estado democrático quien debe velar por la efectividad judicial, el máximo poder de la judicatura española, haga la defensa de una dictadura y de sus crímenes».
A su juicio, el informe del CGPJ «es el mejor ejemplo de los pilares de aquel régimen del 78, como la justicia sigue sin democratizarse, marcando el devenir judicial y político de todo el Estado». Pozueta ha pedido al Gobierno que ante la respuesta del órgano de gobierno de los jueces «esta ley sea más ambiciosa», que «atienda a los de asociaciones memorialistas» y «acabe con la impunidad».
Durante su intervención, Calvo ha avisado que «muy pronto» el proyecto de ley del Gobierno llegará al Congreso «para abrir el debate parlamentario correspondiente».
La vicepresidenta ha recordado que «las leyes las elaboran las Cortes Generales» y que son los legisladores quienes tienen «la primera y la última palabra de lo que puede ser obligatorio en nuestro país».
Calvo ha puntualizado que desde el Ejecutivo lleva «más de un año trabajando para ir rápido en la identificación, en la exhumación y en la reparación de la dignidad de lo que ocurrió», definido por la vicepresidenta como el «prólogo del resto del fascismo que llegó a Europa».
El Pleno del órgano de gobierno de los jueces advirtió en un informe no vinculante que el texto presentado por el Ministerio dirigido por Calvo vulnera la libertad de expresión en su intención de restringir la apología franquista de las fundaciones que, según han precisado los ponentes del informe, están amparadas por la ley siempre que no se humille a las víctimas.
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