Ignacio González y Esperanza Aguirre
El PP de Madrid acudió a las elecciones locales y autonómicas de 2011 con más del doble del presupuesto que declaró a la Cámara de Cuentas. Esa información manda hoy en la mayoría de los digitales que cuentan que Esperanza Aguirre gastó 6,2 millones de euros en las autonómicas cuando el máximo que permitía la ley era de 3,23 millones y que lo hizo con un millón doscientos mil euros en fondos opacos, tal y como recoge un nuevo informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil entregado al juez instructor del caso Púnica, Manuel García-Castellón.
La diferencia no sólo salió de la caja b del P y de donaciones ilegales de empresarios sino que la Guardia Civil considera que el PP desvió fondos públicos de manera fraudulenta, para pagar la campaña electoral, y que subvenciones abonadas a la fundación Fundescam fueron falseadas e ilícitamente desviadas para abonar un Congreso del PP, un acto de Nuevas Generaciones, y hasta la cena de Navidad del PP en Madrid, según revelan elconfidencial.com y la cadena SER.
La emisora de Prisa destaca algunas de las actuaciones que cita el informe de la Guardia Civil por “groseras”, como que Fundescam recibió una subvención pública para “evaluar la repercusión de la crisis en el empleo de los municipios del corredor de Henares y la zona norte de la Comunidad”, pero en realidad, los 40.000 euros públicos concedidos fueron utilizados para encuestas electorales del PP.
También desviaron a gasto electoral un total de 200.000 euros más, concedidos a la misma fundación para “difundir el conocimiento del sistema democrático y la realidad política y sociocultural de la CAM”.
Quien aprobaba las subvenciones para Fundescam era el expresidente Ignacio González, con lo que “todo quedaba en casa” según fuentes de la investigación.
Las irregularidades reflejadas por el informe de la UCO no acaban ahí. El PP llegó a diversificar el pago entre numerosas empresas de forma ficticia para pagar menos impuestos.
También promovió la utilización de sociedades tapadera para enmascarar el trasiego y ocultación de facturas. Una de ellas se llamaba tal y como se movía el dinero “Paquí Pallá SL”.
Los principales responsables, según el informe, fueron el exgerente Beltrán Gutiérrez, Francisco Granados o Borja Sarasola en el apartado político, mientras que los agentes también dedican un capítulo especial al exconsejero de OHL, Javier López Madrid, implicado en los supuestos sobornos a cambio de obra pública en la comunidad.
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