CaixaBank
CaixaBank considera que la reciente sentencia del Tribunal Supremo sobre las tarjetas revolving propiciará «una significativa litigiosidad» cuyo impacto no puede determinar, por lo que este asunto será objeto de seguimiento y una gestión específica.
Así lo ha reseñado en el folleto continuado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y recogido por Europa Press, en el que, desde la publicación de cuentas anuales auditadas de 2019, ha añadido información relativa a la litigación vinculada a contratos de crédito al consumo (tarjetas revolving) y sobre el procedimiento relativo al Índice de Referencia de Préstamos Hipotecarios (IRPH).
El pasado 4 de marzo, el Tribunal Supremo dictó una sentencia sobre una tarjeta revolving en la que determinó que una TAE «manifiestamente desproporcionada» sobre el tipo de interés normal del dinero, que en ese momento situaba en el 20%, conllevaba la nulidad del contrato y la devolución de los intereses pagados. El caso concreto que anuló la sentencia contaba con una TAE inicial del 26,82% que ascendió al 27,24%.
Según indica CaixaBank en su folleto, dicha sentencia «no proporciona criterios específicos o precisión que permitan determinar con seguridad jurídica qué superación o distancia del interés normal del dinero puede llegar a conllevar la nulidad del contrato».
Debido a esta circunstancia, la entidad ve «probable» que el fallo propicie «una significativa litigiosidad y un conjunto de criterios judiciales dispares cuya concreta afectación no es determinable en la actualidad y que será objeto de seguimiento y gestión específica».
REDUCE SU EXPOSICIÓN AL IRPH EN 200 MILLONES
En cuanto a la información sobre el procedimiento relativo al tipo de referencia para las hipotecas en España, el folleto recoge una disminución del importe total de préstamos hipotecarios al corriente de pago indexados a IRPH con personas físicas de 197 millones de euros a lo largo del primer trimestre, hasta situarlo en 5.863 millones de euros, la mayoría con consumidores.
CaixaBank ha confirmado que no mantiene provisiones por este concepto, después de que el pasado 3 de marzo el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictase sentencia y confirmase que el tipo de referencia IRPH no es, en sí, abusivo y estableciese pautas para determinar el cumplimiento de las exigencias de transparencia de la cláusula, una cuestión que deberá dirimirse en cada caso concreto que se enjuicie.
PROVISIONES POR PROCESOS JUDICIALES
Al cierre de 2019, CaixaBank tenía registradas provisiones de 394 millones de euros para la cobertura de diferentes procesos judiciales en curso, 35 millones menos que un año antes, y que corresponden a diferentes litigios «cuyo valor unitario no es material».
Dentro de este apartado se engloba la investigación en curso en el Juzgado de Instrucción Central número 2 contra CaixaBank, el ex responsable de cumplimiento normativo de la entidad y once empleados por unos hechos que podrían ser considerados constitutivos de un delito de blanqueo de capitales, principalmente por la actividad llevada a cabo en diez oficinas de CaixaBank por presuntos miembros de determinadas organizaciones compuestas por personas de nacionalidad china que, presuntamente, habrían defraudado cantidades a la Hacienda Pública entre 2011 y 2015.
CaixaBank y sus asesores legales «no consideran como probable la materialización del riesgo vinculado a este procedimiento penal» y su potencial impacto no tiene la consideración de «material», aunque el banco reconoce que su tramitación le expone a «riesgo reputacional».
De igual manera, cita la investigación en curso en el Juzgado de Instrucción Central número 5 sobre un conjunto de operaciones corporativas acaecidas en 2015 y 2016 cuya afectación o materialización de riesgo patrimonial «no se estima como probable», sin perjuicio del daño reputacional que se desprende de una investigación judicial.
Por otro lado, CaixaBank tiene registrados otros 497 millones de euros, 17 más que en 2018, bajo el concepto «resto de provisiones» para atender los quebrantos por acuerdos no formalizados y otros riesgos como los derivados de la acción colectiva interpuesta por Adicae por cláusulas suelo, que está actualmente en fase de casación e infracción procesal ante el Tribunal Supremo. El riesgo asociado a esta materia se gestionó con una cobertura específica de 625 millones de euros, de los que se han desembolsado 102 millones de euros.
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