Caduca el mandato de un tercio de los jueces del Constitucional en medio de la incertidumbre sobre su renovación

Este 12 de junio expira el mandato del presidente del TC, Pedro González-Trevijano, del vicepresidente Juan Antonio Xiol y de los magistrados Antonio Narváez y Santiago Martínez-Vares. En su día, González-Trevijano y Narváez fueron los dos propuestos por el Gobierno de Mariano Rajoy, mientras que Xiol y Martínez-Vares fueron los nominados por el CGPJ, informa Europa Press.

La Constitución establece en su artículo 159 que «los miembros del Tribunal Constitucional serán designados por un período de nueve años y se renovarán por terceras partes cada tres», siendo nombrados por el Rey «cuatro a propuesta del Congreso por mayoría de tres quintos de sus miembros; cuatro a propuesta del Senado, con idéntica mayoría; dos a propuesta del Gobierno, y dos a propuesta del Consejo General del Poder Judicial».

Del tenor literal del precepto se desprende que la Carta Magna obligaría a renovar por tercios completos, de modo que tanto el Ejecutivo como el CGPJ tendrían que postular a sus dos magistrados para presentar un ‘pack’ cerrado. No obstante, fuentes de la corte de garantías consultadas por Europa Press subrayan que se trata de una cuestión jurídica compleja que habrá que analizar en profundidad llegado el caso.

En estos momentos, el principal problema es que el CGPJ no puede cumplir con su obligación constitucional de nombrar dos candidatos porque la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) aprobada en marzo de 2021 le prohíbe realizar nombramientos discrecionales en la cúpula judicial estando en funciones, situación en la que se encuentra desde diciembre de 2018.

En este contexto, el ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, deslizó la semana pasada en una entrevista concedida a Onda Cero que el Ejecutivo podría nombrar a los dos magistrados del TC que le competen aunque el Consejo General del Poder Judicial no pueda hacer lo propio.

EL CONFLICTO SE TRASLADARÍA EL PLENO

Las fuentes explican que el Gobierno podría proponer sus dos candidatos aisladamente, esto es, aunque el CGPJ no pudiera hacerlo. Y ello, subrayan algunas, por cuanto la jurisprudencia constitucional establece que realizar nombramientos en plazo es una facultad pero también una obligación, por lo que el Ejecutivo no solo puede sino que incluso debe.

De ser así, la controversia surgiría cuando los nombres de los dos candidatos de designación gubernamental llegaran solos al Pleno del TC, que es quien tiene que dar el visto bueno a las personas propuestas antes de proceder al nombramiento definitivo.

Algunas fuentes creen que jurídicamente es difícil argumentar que el TC pueda bloquear a estos dos candidatos por no venir acompañados de los dos del CGPJ. En este sentido, plantean qué ocurriría si se diera el escenario contrario, es decir, si el Gobierno no hiciera su propuesta –por no poder o no querer– y el Consejo nominara a los suyos. Por ello, estas fuentes trasladan el debate del plano jurídico al político.

Al mismo tiempo, cuestionan la validez que tendría una votación del Pleno por la que se rechazara a estos dos candidatos –por no tratarse del tercio completo– y en la que participaran los dos magistrados que vendrían a sustituir.

Sin embargo, confían en que la controversia no se llegue a suscitar ante la expectativa de que, una vez celebradas las elecciones andaluzas del próximo 19 de junio, se reactiven las negociaciones entre socialistas y ‘populares’ para renovar el CGPJ y el tercio del TC pueda cambiarse al completo.

HACIA UNA MAYORÍA PROGRESISTA

Entretanto, los cuatro magistrados que deberían ceder el testigo este domingo podrán seguir ejerciendo en funciones, lo que implica que la corte de garantías también podrá continuar trabajando con normalidad.

En cualquier caso, una vez se produzca la renovación parcial del TC, ya sea solo con los dos aspirantes catapultados por Moncloa o incluyendo también los dos postulados por el órgano de gobierno de los jueces, lo más probable es que se produzca un vuelco hacia una mayoría progresista.

Este giro podría afectar a importantes asuntos pendientes sobre los que debe fallar el Pleno, entre los que destaca el recurso presentado en 2010 por varios diputados del PP contra la Ley del Aborto, cuya ponencia recayó el pasado mes de noviembre en el magistrado Enrique Arnaldo.

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