Para Breton se trata de un salto cualitativo para “mejorar la competitividad” europea e implicará a todas las empresas de telecomunicaciones que “tendrán que seguir siendo neutrales” a la hora de permitir el paso por sus redes. Las propuestas presentadas hoy abren un capítulo para que todos los implicados puedan expresar su opinión y después el Parlamento y el Consejo tendrán la última palabra.
El comisario considera necesario “crear una nueva arquitectura digital” que mejore las conexiones y también la seguridad de las mismas. Se trata de dar un salto tecnológico que verá la luz como la Ley de Infraestructuras Gigabit, un reglamento que presentará nuevas normas para permitir un despliegue más rápido, barato y eficaz de las redes.
Además, la Comisión ha publicado un proyecto de Recomendación sobre el Gigabit, para orientar a las autoridades nacionales sobre las condiciones de acceso a las redes de telecomunicaciones de los operadores con peso significativo para incentivar un abandono más rápido de las tecnologías heredadas y un despliegue acelerado de las redes Gigabit.
En tercer lugar, se pone en marcha una consulta exploratoria sobre el futuro del sector para recabar opiniones sobre cómo la creciente demanda de conectividad y los avances tecnológicos pueden afectar a la evolución y las necesidades futuras.
La Comisión que se necesita más ancho de banda a velocidades más rápidas para permitir servicios más inteligentes, flexibles e innovadores para los ciudadanos, las empresas y los sectores públicos clave, impulsados por el desarrollo y el uso de tecnologías, como la nube, la inteligencia artificial (IA), los espacios de datos, la realidad virtual y el metaverso, y en los que los ciudadanos europeos disfruten de sus derechos digitales. La ley sustituirá a la Directiva sobre la reducción de los costes de la banda ancha (2014).
La nueva normativa pretende reducir la burocracia, los costes y la carga administrativa asociados al despliegue de redes Gigabit. Entre otras cosas, simplificará y digitalizará los procedimientos de concesión de permisos. El nuevo Reglamento también mejorará la coordinación de las obras civiles entre operadores de redes para desplegar la infraestructura física, como conductos y mástiles, y garantizar que los agentes pertinentes tengan acceso a ella. Estas obras representan hasta el 70% de los costes de despliegue de la red. Además, todos los edificios nuevos o renovados a gran escala, salvo en casos justificados, deberán estar equipados con fibra.
Finalmente, la Comisión ha lanzado una amplia consulta exploratoria sobre el futuro del sector de la conectividad y sus infraestructuras. El objetivo es recabar opiniones sobre el cambiante panorama tecnológico y de mercado y cómo puede afectar a las comunicaciones electrónicas. Pretende determinar los tipos de infraestructura necesarios para que Europa se mantenga a la vanguardia de los avances tecnológicos y lidere su transformación digital en los próximos años. La consulta también recaba la opinión de las partes interesadas sobre cómo garantizar que las inversiones necesarias para desplegar tales infraestructuras se movilicen en toda la Unión.
Para ello la Comisión invita a todas las organizaciones, empresas y ciudadanos interesados a completar la encuesta en un plazo de 12 semanas. La fecha límite para presentar una contribución es el 19 de mayo de 2023.
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