Bruselas quiere nuevas reglas para reducir hasta un 65% costes de cumplimiento fiscal a empresas en la UE

Esto reducirá los costes de cumplimiento para las grandes empresas que operan en más de un Estado miembro y facilitará a las autoridades fiscales nacionales determinar los impuestos que les corresponden.

La propuesta, que debe ser adoptada por el Consejo, se basa en el acuerdo fiscal internacional OCDE/G20 sobre un nivel mínimo global de fiscalidad y en la directiva del Segundo Pilar adoptada a finales de 2022. Esta propuesta sustituye a las propuestas previas de la Comisión sobre la base imponible común del impuesto de sociedades y la base imponible consolidada común, que fueron retiradas por falta de acuerdo.

Bruselas calcula que estas nuevas normas simplificadas podrán reducir los costes de cumplimiento de las obligaciones fiscales de las empresas que operan en la UE entre un 32% y un 65%. Sin embargo, fuentes comunitarias han asegurado que esto no se traducirá en una reducción de ingresos fiscales, sino que responde al objetivo de tener un sistema fiscal justo, construido sobre normas comunes de aplicación y tipos impositivos efectivos.

Con este planteamiento se pretende ahorrar a las compañías de la UE los costes de lidiar con 27 sistemas fiscales nacionales diferentes, lo que dificulta y encarece el cumplimiento de las obligaciones fiscales por parte de las empresas, lo que desincentiva la inversión transfronteriza en la UE y sitúa a las empresas europeas en desventaja competitiva en comparación con las de otros mercados como el de Estados Unidos.

La propuesta, apodada ‘Empresas en Europa: Marco para la imposición sobre la renta’ (BEFIT, por sus siglas en inglés), implica que las empresas que pertenezcan a un mismo grupo calcularán su base imponible de acuerdo con un conjunto común de normas y que las bases imponibles de todos los miembros del grupo se agregarán en una única base imponible.

Además, cada miembro del grupo BEFIT tendrá un porcentaje de la base imponible agregada calculado en función de la media de los resultados imponibles de los tres ejercicios fiscales anteriores.

El paquete de este martes también incluye una propuesta destinada a armonizar las normas sobre precios de transferencia en la UE y garantizar un planteamiento común para aumentar la seguridad fiscal y reducir el riesgo de litigios y doble imposición. Al mismo tiempo, reducirá aún más las posibilidades de que las empresas utilicen los precios de transferencia con fines de planificación fiscal agresiva.

APLICACIÓN DE LAS NORMAS

Las nuevas normas serán obligatorias para los grupos que operen en la UE con unos ingresos anuales combinados de al menos 750 millones de euros, y cuando la entidad matriz última posea, directa o indirectamente, al menos el 75% de los derechos de propiedad.

Para los grupos con sede en terceros países, sus miembros del grupo de la UE tendrán que haber obtenido al menos 50 millones de euros de ingresos anuales combinados en al menos dos de los últimos cuatro ejercicios fiscales o al menos el 5% de los ingresos totales del grupo.

MÁS FACILIDADES PARA LAS PYMES

Las normas, no obstante, serán discrecionales para los grupos más pequeños, que podrán optar por acogerse a ellas siempre que elaboren cuentas anuales consolidadas, lo que será de especial interés para las pequeñas y medianas empresas, que gastan alrededor del 2,5% de su volumen de negocios solo para cumplir con sus obligaciones fiscales, una cifra 3,5 veces superior a la de las grandes empresas.

Por ello, una tercera propuesta legislativa de la Comisión plantea que las PYME tengan la opción de interactuar con una sola administración fiscal, la de su sede central, de modo que puedan presentar una única declaración de la renta ante la administración de un único país de la UE que se encargará de compartirla con el resto de Estados miembros donde opere.

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