La anterior legislación data de 2002 cuando solo el 9% de la población realizaba compras on-line mientras que ahora esa cifra ha crecido hasta el 71% y ha tenido un desarrollo significativo durante la pandemia. “Tenemos que proteger a los consumidores y a las empresas de los casos fraudulentos que se están dando” aseguró la vicepresidenta Vera Jourová, encargada de Justicia, Consumidores e Igualdad de Género.
La actualización afectará a la directiva sobre seguridad general de productos y las normas en materia de crédito al consumo. “Hay una oferta de productos engañosos que son potencialmente peligrosos y se han producido accidentes con ellos y respecto a los créditos al consumo se ofrecen a veces cantidades pequeñas pero con altos tipos de interés” según el comisario de Justicia, Didier Reynders.
A partir de ahora todos los créditos, sean del importe que sean, tendrán que cumplir con la normativa y estarán obligados a ofrecer una información clara y fiable “para que no se escondan detrás de una jerga jurídica difícil de entender para muchos consumidores” afirmó la vicepresidenta.
El nuevo Reglamento sobre la seguridad de los productos garantizará que exista la misma exigencia comprando on-line que haciéndolo en cualquier tienda presencial, procedan o no de la UE, por lo que se apunta directamente a China en este caso.
La revisión de la Directiva del crédito al consumo pretende que se mejoren asimismo las normas para evaluar la solvencia de quien solicita el crédito para saber si será capaz de devolverlo, con el fin de prevenir el sobreendeudamiento. También se pedirá a los estados que fomenten la educación financiera y velen para que los consumidores tengan suficiente asesoramiento sobre el endeudamiento.
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