Valla manos cárcel
Sin embargo, Bruselas impone estrictas condiciones, destacando que ningún migrante será trasladado hasta contar con una orden definitiva de expulsión.
La iniciativa de la Comisión llega en respuesta a las demandas de varios países europeos que buscan agilizar el retorno de migrantes que no obtienen el estatus de refugiado o asilado.
Aunque este modelo ya fue aplicado parcialmente por Italia en colaboración con Albania, generando controversias jurídicas, Bruselas asegura haber aprendido de esas experiencias.
La vicepresidenta comunitaria de Seguridad y Democracia, Henna Virkkunen, ha insistido en que esta propuesta debe mantenerse alineada con los valores europeos de justicia y respeto por los derechos humanos.
Así, cualquier acuerdo bilateral o europeo para externalizar estos centros deberá realizarse exclusivamente con países que respeten plenamente los estándares internacionales de derechos humanos y el principio de no devolución.
«Solo personas con orden definitiva de expulsión podrán ser trasladadas a estos centros», aclara Bruselas, marcando distancia con modelos previos como el británico con Ruanda
El comisario europeo de Interior y Migración, Magnus Brunner, señaló la necesidad de actualizar la Directiva de Retorno de 2008, ya que actualmente solo uno de cada cinco migrantes con orden de expulsión abandona realmente la Unión Europea.
Bruselas busca con esta reforma eliminar los abusos del sistema y garantizar que el nuevo Pacto de Migración y Asilo entre en vigor plenamente en 2026.
Otra novedad destacada es la creación de una Orden Europea de Retorno, que permitirá a los Estados miembros agilizar procesos mediante un sistema integrado y compartir información a través de una base de datos común.
Además, la propuesta introduce la obligación legal de cooperación del migrante con las autoridades, advirtiendo de que la falta de colaboración puede derivar en la detención inmediata del individuo.
«El incumplimiento de las obligaciones tendrá consecuencias claras y disuasorias», ha afirmado el comisario Brunner
La Comisión también propone aumentar hasta diez años el periodo en el que los migrantes deportados tienen prohibida su entrada a la UE, medida diseñada para desincentivar la inmigración irregular y fomentar los retornos voluntarios.
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