Consejo General Poder Judicial
Así consta en la lista de recomendaciones específicas que el Ejecutivo comunitario dirige a España en su evaluación anual del Estado de derecho en el conjunto de los Estados miembro, un examen que busca ayudar a los países a reforzar su orden democrático y que, por primera vez, incluye recomendaciones específicas para cada uno de ellos.
Con estas recomendaciones, Bruselas confía en «animar» a los Estados miembro a asumir las mejoras necesarias en sus respectivos sistemas y ayudarles a identificar «dónde es necesario mejorar», si bien se trata de indicaciones no vinculantes sobre las que los servicios comunitarios volverán a analizar han sido tenidas en cuenta en el siguiente informe anual.
«Queremos ayudar a centrar el debate y apoyar a los Estados miembro en sus esfuerzos de reformas, seguimos en el espíritu preventivo de este ejercicio», ha indicado la vicepresidenta comunitaria para Estado de derecho, Vera Jourova, en una rueda de prensa para presentar los resultados y matizar que este diagnóstico no implica medidas ni sanciones por parte de Bruselas.
Bruselas recuerda que la renovación del CGPJ está pendiente desde diciembre de 2018 y que, desde entonces, «sigue siendo una preocupación» para los servicios comunitarios, que han llamado repetidamente a modificar el sistema de nombramientos para que la menos la mitad de los vocales sean elegidos por los propios jueces.
El Ejecutivo comunitario hace suyos los criterios del Consejo de Europa, organismo ajeno a la UE, cuando evoca los «estándares europeos» para que «no menos de la mitad de los miembros sean elegidos por sus pares».
De este modo, además, los servicios comunitarios emiten un dictamen sobre España muy similar a los publicados en las dos ediciones anteriores en los que también advirtieron de que la falta de renovación del CGPJ puede ser percibido como una vulnerabilidad de este órgano a su «politización».
En el caso de España, además del problema con la renovación del Consejo General del Poder Judicial, el Ejecutivo comunitario vuelve a poner el foco igualmente en la preocupación con la que observa la independencia del Ministerio Fiscal con respecto al Gobierno, si bien constata que se han adoptado «enmiendas dirigidas a una mayor transparencia en las relaciones» entre ambos.
Sobre este punto, la recomendación comunitaria apunta la necesidad de «reforzar» la independencia del Fiscal General y desvincular la duración de su mandato respecto al periodo de legislatura del Gobierno, en línea con los estándares europeos sobre independencia y autonomía de la Fiscalía.
En todo caso, el informe sobre la situación en España apunta que sigue habiendo «avances» en la calidad del sistema judicial español y nombra ejemplos como medidas para facilitar el acceso a la justicia de personas con discapacidad, la reforma del código penal y la ley sobre el derecho de defensa.
Asimismo considera que la digitalización de la justicia va por buen camino y el Estado miembro está «abordado las deficiencias» detectadas y señala que sigue estando pendiente mejoras en materia de recursos para el poder judicial o la duración de los procedimientos.
En el plano de la libertad de prensa y el pluralismo mediático, la Comisión emplaza al Gobierno a garantizar que la autoridad regulatoria para contenidos audiovisuales en España, es decir, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), disponga de los «recursos necesarios» para reforzar sus operaciones de supervisión y control.
También recomienda «trabajar par reforzar el acceso a la información, en particular a través de la revisión de la Ley de Secretos Oficiales», según recoge el informe específico de España firmado por el Ejecutivo comunitario. La reforma de la ley de Seguridad Ciudadana, que sigue planteando dudas a la sociedad civil, está pendiente de adopción parlamentaria, añade el informe.
Otras cuestiones que destaca la evaluación del sistema español es la necesidad de crear un registro obligatorio de ‘lobistas’ y la de «encarar los retos» que suponen la larga duración de las investigaciones y enjuiciamientos en los casos de corrupción «de alto nivel», de los que Bruselas ve con preocupación que siguen un proceso «lento y complejo».
Con todo, el Ejecutivo comunitario constata igualmente que «se ha puesto fin a retrasos sustanciales» en la designación de otros órganos constitucionales necesarios para proteger el equilibrio de poderes y que al fin han sido adoptados por el Congreso, por ejemplo en el caso del Defensor del Pueblo, un tercio del Tribunal Constitucional o la junta del Tribunal de Cuentas.
Finalmente, el Ejecutivo comunitario incluye una referencia descriptiva del hecho de que en España la figura del Defensor del Pueblo investigue el uso del software de espionaje ‘Pegasus’ y que haya procedimientos judiciales abiertos y recuerda que la ley obliga a los servicios secretos a contar con autorización judicial para realizar escuchas.
En el análisis general, Bruselas menciona además de a España a Hungría, Polonia y Francia y pide «controles y contrapesos robustos» para garantizar los Derechos fundamentales en este marco.
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