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Para movilizar esos 150.000 millones, el Ejecutivo comunitario se basará en la emisión de deuda para realizar préstamos a los Estados miembro a través de un nuevo mecanismo que creará en virtud del artículo 122 del Tratado, que permite responder a circunstancias excepcionales.
Fuentes comunitarias han explicado que «desde el punto de vista jurídico, esta es la propuesta más sólida» que se puede hacer, porque no contempla «ninguna restricción sobre el tipo de gasto que se financiaría», como sí ocurría con el fondo anticrisis que se estableció para hacer frente a la pandemia de Covid-19.
Además, un alto cargo de la UE ha añadido que se ha optado por ofrecer préstamos a un «coste de financiación más interesante que el de al menos 20 Estados miembro», frente a la posibilidad de las subvenciones, como reclamaban países como España o Polonia, porque, «a día de hoy es lo que se puede hacer más rápida y eficazmente».
Acorde al plan de la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, esta financiación podrá destinarse a ámbitos que tanto Bruselas como la OTAN consideran prioritarios: defensa aérea y antimisiles; sistemas de artillería; misiles y municiones; drones y sistemas antidrones; protección de infraestructuras críticas; movilidad militar e Inteligencia Artificial.
El segundo pilar de esta propuesta es la relajación de las reglas fiscales de la UE –que limitan el déficit y la deuda de los Estados miembro al 3% y al 60% del PIB, respectivamente– con la activación coordinada de la cláusula de escape nacional que ya se prevé en el reglamento y de la que se beneficiarán los préstamos concedidos en el marco del nuevo instrumento de la UE.
Esto supone que las capitales podrán desviarse de la senda de gasto neto aprobada en caso de circunstancias excepcionales que escapen al control de los Estados miembro y tengan una repercusión importante en sus finanzas públicas, siempre que no pongan en peligro la sostenibilidad presupuestaria.
La Comisión considera que estas condiciones se cumplen ante el escenario de turbulencias geopolíticas que marca el acercamiento de Estados Unidos y Rusia para poner fin al conflicto en Ucrania, algo que escapa al control de los Estados miembro y que tendrá un impacto «importante» en sus finanzas públicas.
Ante este escenario y con vistas a maximizar el impacto sobre la industria de Defensa de la UE, la Comisión ha animado a todos los Estados miembro a hacer uso de esta flexibilidad, aunque quiere hacerlo de manera «controlada» para «contener su impacto fiscal», por lo que propone un tope del 1,5% del PIB al gasto adicional en Defensa al año.
«A precios corrientes para el conjunto de la Unión, eso se traduciría en 257.000 millones de euros de gasto anual adicional durante un período de cuatro años», ha señalado un alto cargo de la UE que ha añadido que «la segunda condición es que este espacio fiscal adicional sólo podrá utilizarse para gastos en Defensa adicionales».
«Habrá una definición al respecto, pero puedo decirles que incluye inversiones y gastos corrientes en defensa y que está muy alineada con la definición de la OTAN de gastos de Defensa», ha agregado.
Así, Bruselas estima que si los Veintisiete aumentan gradualmente su inversión en Defensa a lo largo de este período de cuatro años, los gastos adicionales financiados podrían alcanzar unos 650.000 millones de euros, aunque, más allá de esta flexibilidad excepcional, el marco fiscal seguirá funcionando con normalidad.
Esto significa que sólo los aumentos del gasto en Defensa pueden ser una razón válida para desviarse de la senda correctiva que se establezca en el caso de la apertura de un procedimiento por déficit excesivo.
Con este planteamiento, Bruselas busca un «equilibrio» entre, por un lado, dar a los Estados miembro un espacio fiscal adicional para aumentar el gasto en Defensa, «muy necesario frente a las amenazas exteriores», pero a la vez manteniendo la «disciplina fiscal».
Por tanto, fuentes comunitarias han advertido de que estos gastos adicionales a lo largo del tiempo tendrán que «acomodarse» en los presupuestos nacionales, «bien subiendo los impuestos o bien reduciendo otros gastos».
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