Unión Europea
España recibe luz verde de Bruselas para un nuevo tramo de los fondos europeos, pero no sin condiciones. El Ejecutivo comunitario ha confirmado este viernes la entrega de 23.100 millones del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, aunque con un recorte de 1.000 millones por no cumplir dos compromisos incluidos en el plan: la subida fiscal al diésel y las inversiones digitales en administraciones locales. Pese a ello, el pago sigue siendo el mayor aprobado hasta ahora, con partidas destinadas a áreas clave como la energía, la justicia o el transporte ferroviario.
La Comisión Europea ha decidido descontar 1.000 millones de euros del total solicitado por el Gobierno español en este quinto tramo, al no haberse ejecutado plenamente dos de los hitos pactados: la revisión al alza del impuesto al diésel y la digitalización de entidades locales y autonómicas.
Estos objetivos formaban parte del compromiso adquirido por España dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Aunque el Ejecutivo comunitario ha desbloqueado el resto de los fondos, los 1.000 millones «en suspenso» podrán ser recuperados si se cumplen los requisitos en el nuevo plazo otorgado.
España dispone ahora de un periodo adicional para corregir los retrasos y optar al desembolso completo
Según el comunicado de la Comisión, los fondos aprobados apoyarán proyectos dirigidos a:
Impulsar las energías renovables
Reducir la carga burocrática
Mejorar la eficiencia del sistema judicial
Reforzar la ciberseguridad
Ampliar el transporte ferroviario de cercanías
El paquete incluye 8.000 millones en subvenciones y 15.100 millones en préstamos, siendo este último apartado uno de los elementos clave de los nuevos tramos, ya que supone un cambio frente a los pagos anteriores, centrados en ayudas a fondo perdido.
Además de España, la Comisión ha aprobado pagos para Italia, Portugal, Chipre y Malta, sumando en total 43.000 millones de euros dentro del marco de ayuda europea activado tras la pandemia de la Covid-19.
Se trata del mayor desembolso conjunto aprobado hasta la fecha por el mecanismo de recuperación, que busca mitigar los efectos económicos y sociales de la crisis sanitaria, acelerando al mismo tiempo la transformación verde y digital de los países miembros.
En julio, Bruselas ya había anticipado que parte del pago quedaría bloqueado provisionalmente debido al incumplimiento de hitos comprometidos, lo que se ha materializado con esta penalización.
El Gobierno español tiene ahora la oportunidad de subsanar los retrasos y justificar ante la Comisión la implementación efectiva de las reformas y medidas necesarias. Si lo hace, podría recuperar los fondos retenidos.
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