Otros tres miembros del Ejecutivo que preside Ursula von der Leyen han expresado «objeciones por escrito» al no poder votar por no estar presentes en la reunión: la vicepresidenta responsable de Estado de Derecho, Vera Jourova, el comisario de Justicia, Didier Reynders, y la comisaria de Interior, Ylva Johanson.
El debate y la posterior votación no es un requisito para la adopción del dictamen favorable de Bruselas, sino que fue solicitado por varios comisarios que rechazan que haya «suficientes garantías» de que los compromisos del Gobierno polaco se vayan a traducir en medidas que realmente garanticen la independencia judicial en el país.
Von der Leyen viajará este jueves a Varsovia para presentar junto al primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki, y al presidente del país, Andrzej Duda, los detalles del plan con el que Polonia podría recibir hasta 23.900 millones de euros en pagos directos y otros 11.500 millones en préstamos.
El dictamen positivo de Bruselas no es, sin embargo, el último paso para la aprobación definitiva del plan, que necesita también el visto bueno de los Veintisiete –cuyos ministros de Economía y Finanzas (Ecofin) deberán pronunciarse en el plazo de un mes–.
Los distintos desembolsos previstos en el plan quedan en todo caso condicionados a reformas e hitos precisos cuyo cumplimiento debe ser evaluado antes de que se desbloquee el pago de esos tramos.
El comisario de Economía, Paolo Gentiloni, ha defendido en una rueda de prensa posterior al Colegio de Comisarios que examinarán «el cumplimiento de cada compromiso con mucha, mucha firmeza» y ha evitado responder a las dudas sobre el Estado de derecho, con el argumento de que será Von der Leyen quien explique la decisión el jueves desde Varsovia.
El comisario italiano también ha subrayado que la adopción llega tras examinar los criterios que fija el reglamento y «no en base a otras evaluaciones», en un intento de desvincular esta decisión del resto de expedientes que Bruselas mantiene abiertos contra Varsovia.
El Ejecutivo comunitario se ha limitado a afirmar en un comunicado que el plan incluye hitos vinculados a «aspectos importantes de la independencia del Poder Judicial que son de particular importancia para mejorar el clima de inversión» y que el país deberá «demostrar que estos hitos se cumplen antes de que se pueda realizar cualquier desembolso».
Durante los meses de negociación, el Ejecutivo comunitario advirtió a Varsovia de que para la aprobación del plan debían cumplirse todos los criterios establecidos, incluidas medidas contra la corrupción y garantías del respeto del Estado de derecho, lo que en el caso polaco pasaba, por ejemplo, por desmantelar el comité disciplinario impuesto al Tribunal Supremo del país y asegurar la reincorporación de los jueces suspendidos por el controvertido órgano.
La deriva antidemocrática del Gobierno ultraconservador polaco complicó la negociación del plan con Bruselas, que tiene varios expedientes abiertos contra Polonia por reformas que atentan contra derechos fundamentales y ponen en riesgo la independencia del sistema judicial del país.
De hecho, el Ejecutivo comunitario dio el pasado marzo el último paso formal para activar el mecanismo de condicionalidad que le permite congelar el desembolso de determinados fondos europeos a Polonia por temor a que sean utilizados para mermar los derechos de los ciudadanos.
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