La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, hablando por teléfono
A principios de mes el Ejecutivo comunitario ya emitió una opinión favorable para el pago pero necesitaba aún el visto bueno de los Veintisiete, que se produjo ayer martes, antes de formalizar la decisión en una reunión del llamado comité de comitología, con expertos nacionales y comunitarios.
Aunque la decisión comunicada no incluye una fecha precisa para el pago de los 10.000 millones, fuentes comunitarias consultadas por Europa Press indican que «no está excluido que la Comisión pueda aún desembolsar los fondos antes de que acabe 2021».
En todo caso, una vez se produzca la transacción, este tramo de 10.000 millones se unirá así al anticipo de 9.000 millones que el Ejecutivo comunitario anticipó a mediados de agosto y que no estaba sujeto a condiciones.
España fue el primer país de la UE en presentar una petición formal para recibir el primer desembolso y lo pudo hacer tras haber firmado con el Ejecutivo comunitario el documento técnico que estipula cómo se debe verificar el cumplimiento de cada compromiso.
El tramo de los 10.000 millones del de plan de recuperación de España depende de 52 hitos y objetivos que el Gobierno ya había cumplido, lo que permitió a la Comisión Europea concluir su análisis preliminar en apenas tres semanas, sin agotar el plazo de dos meses de que disponía.
El primer tramo depende de reformas incluidas en casi todos los componentes del plan de recuperación del Gobierno. Ocho de ellas forman parte del capítulo sobre modernización de la Administración, entre ellas la normativa para reducir la temporalidad en el sector público.
También tiene un peso importante en este desembolso el componente sobre la reforma de la fiscalidad con medidas como la introducción de la tasa digital, el gravamen sobre transacciones financieras o modificaciones corto plazo en el impuesto de sociedades y de impuestos indirectos.
En este primer desembolso además se incluyen medidas del capítulo de la reforma laboral, como son la ley que regula el teletrabajo, la normativa para reducir la brecha salarial de género y la entrada en vigor del plan de acción para atajar el desempleo juvenil.
En cuanto a la reforma de las pensiones, el desembolso de estos 10.000 millones está condicionado a la separación de las fuentes de financiación de la Seguridad Social, la revisión de las bonificaciones de los planes individuales de pensiones y la modificación del complemento de maternidad de pensiones.
Otras hitos y objetivos incluidos entre los requisitos para acceder a este tramo de ayudas directas son la aprobación de la ley climática, la estrategia de descarbonización hasta 2050, la hoja de ruta del hidrógeno, la estrategia española de economía circular, el plan de digitalización de pymes o la estrategia nacional de inteligencia artificial.
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