Miguel Arias Cañete, comisario europeo de Acción por el Clima y Energía
La Comisión Europea está estudiando si el real decreto que el Gobierno quiere poner en marcha para limitar el cierre de las centrales eléctricas es compatible con las normas comunitarias en materia energética.
“Cualquier norma de cualquier Estado miembro tiene que adaptarse a la legislación comunitaria y se están viendo los términos en que se puede producir el decreto definitivo para analizar su compatibilidad o no cuando el Gobierno lo notifique”, ha asegurado el comisario de Energía y Acción Climática, Miguel Arias Cañete, sobre el borrador de la norma tras una reunión entre el director general de Energía del Ejecutivo comunitario, Dominique Ristori, y el secretario de Estado de Energía, Daniel Navia.
Según recoge Europa Press, Cañete ha explicado en una rueda de prensa que el encuentro entre Ristori y Navia fue un “intercambio preliminar de posiciones” que “va a continuar en el tiempo”, pues la redacción de la norma se encuentra aún en fase preliminar.
“Estamos hablando de un borrador muy preliminar, lo que pasa es que la Comisión anticipa muchas veces el trabajo para entender lo que está ocurriendo en los Estados miembros”, ha argumentado el comisario. Bruselas seguirá, por tanto, con el análisis técnico del decreto y “cuando tenga una postura la trasladará al Gobierno español”. “Esperamos que el Gobierno español sea sensible a los planteamientos de la Comisión y se adapte a las normas del derecho comunitario”, ha añadido.
Hace un par de semanas, poco después de que Iberdrola anunciara su intención de cerrar las dos últimas centrales de carbón que mantiene en España, el Ministerio de Energía que dirige Álvaro Nadal activó el real decreto que endurece los requisitos para la clausura de plantas eléctricas. Con ella, el Ejecutivo podrá denegar el cierre de una instalación incluso cuando no afecte a la seguridad de suministro, la única condición exigida hasta ahora.
“A diferencia del régimen actual, que solo contempla la seguridad del suministro”, la nueva reglamentación diseñada por el Gobierno requerirá para conceder la autorización de cierre que este no afecte a “los precios y la competencia del mercado eléctrico” y que cumpla con “los objetivos medioambientales y del clima”. Tras estos criterios se escondería un intento del Ejecutivo de proteger a las centrales de carbón y a las plantas nucleares.
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