Día del Orgullo Gay
Mientras Bruselas estudia su compatibilidad con la legislación comunitaria, Amnistía Internacional ha iniciado una campaña de resistencia civil ante lo que considera un retroceso histórico en derechos fundamentales.
La reciente reforma constitucional aprobada por el Parlamento húngaro ha generado preocupación en la Comisión Europea, que ya ha anunciado que “no dudará en tomar medidas si fuera necesario”.
La enmienda, impulsada por el primer ministro Viktor Orbán y su partido Fidesz, fue aprobada con 140 votos a favor en una cámara de 199 escaños. Esta modificación prioriza “la protección de la infancia” por encima de derechos fundamentales como la libertad de reunión y la libertad de expresión.
El nuevo texto constitucional establece que el desarrollo físico, mental y espiritual de los menores prevalece sobre otros derechos fundamentales, salvo el derecho a la vida. Esto implica que cualquier manifestación que promueva o exhiba el cambio de sexo o la homosexualidad podrá ser prohibida.
Además, se contempla la posibilidad de imponer multas de hasta 490 euros e incluso el uso de reconocimiento facial para identificar a los participantes de dichos eventos.
“Estamos al tanto de la enmienda constitucional adoptada ayer. Por el momento tenemos que analizar los cambios, que cubren diferentes ámbitos”, afirmó la portavoz comunitaria Eva Hrncirova
Desde Bruselas se observa con atención esta reforma, y se ha reiterado que será analizada en profundidad a la luz de la legislación europea. La Comisión ha recordado que ya en 2021 inició un procedimiento de infracción contra Hungría por leyes que atentaban contra los derechos de las personas LGTBI+.
Aunque no se han detallado aún las acciones que se tomarán ni los plazos, la portavoz comunitaria subrayó que existen “precedentes” que demuestran la voluntad de actuar en defensa de los valores fundamentales de la UE.
Ante la entrada en vigor de esta controvertida normativa, Amnistía Internacional ha lanzado una campaña para proporcionar asistencia jurídica y herramientas de resistencia pacífica a los ciudadanos húngaros. Bajo el lema “¡Una voz no basta!”, la organización ofrece apoyo a quienes se enfrenten a posibles sanciones por manifestarse o expresarse en contra de las nuevas restricciones.
AI denuncia que la legislación elimina un derecho recuperado tras la caída del Telón de Acero en 1989, una referencia que pone en contexto la gravedad del retroceso que supone esta reforma.
“La ley que entra en vigor hoy (…) ofrece al Gobierno el poder de dictar quién puede expresar sus opiniones y sobre qué temas”, alerta la ONG
La reforma aprobada por el Gobierno de Orbán representa un nuevo desafío para la Unión Europea, que ha chocado repetidamente con Hungría por su deriva autoritaria.
Este último episodio reabre el debate sobre cómo garantizar el respeto a los derechos fundamentales dentro del bloque y cuál debe ser la respuesta frente a los países que los restringen bajo argumentos como la “protección de la infancia”.
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