Vista del último charco de agua de la laguna de Santa Olalla el día 31 de agosto. / Estación Biológica de Doñana (EBD/CSIC)
Así lo ha indicado un portavoz del Ejecutivo comunitario tras la reunión que el comisario europeo de Medio Ambiente, Virginijus Sinkevicius, ha mantenido este lunes en Bruselas con el consejero andaluz de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, Ramón Fernández-Pacheco.
El encuentro, inicialmente previsto para el 3 de mayo, convocado a petición de la Junta, se ha celebrado después de que el propio comisario advirtiera la semana pasada, en una respuesta parlamentaria a eurodiputados socialistas, de que utilizará «todos los medios a su alcance» para garantizar que España cumpla «efectivamente y sin demora» la sentencia del TJUE.
Según han señalado las mismas fuentes, el comisario ha insistido en que el Ejecutivo comunitario está «profundamente preocupado» por el hecho de que la legislación andaluza propuesta, si se adopta tal como se ha propuesto, podría «deteriorar» el humedal protegido de Doñana, uno de los mayores de Europa y de suma importancia para la coherencia de la Red Natura 2000, al tiempo que la aplicación «plena y oportuna» de las sentencias del TJUE se mantiene como una «prioridad».
El comisario, consciente de la importancia del regadío para la economía local, ha recordado que la legislación de la UE exige un uso sostenible del agua y la conservación de los espacios protegidos, especialmente ante el episodio de sequía que sufre España, ha alertado de que un mayor deterioro del estado de las masas de agua subterránea puede tener efectos desastrosos para la conservación de los frágiles ecosistemas de los humedales de Doñana, que es uno de los «puntos calientes» de biodiversidad de la UE.
Bruselas ha subrayado que existen pruebas fehacientes de que la agricultura intensiva y los complejos turísticos cercanos están relacionados con la reducción de las balsas en toda Doñana, lo que demuestra que los niveles actuales de explotación de las aguas subterráneas son «insostenibles» y requieren medidas «urgentes» para controlar las extracciones.
En este sentido, las mismas fuentes comunitarias han afirmado que el proyecto de ley propuesto crea un marco jurídico «favorable» para el reconocimiento de derechos de uso de aguas pluviales y derechos de uso de aguas superficiales que se sumarían a la «presión excesiva» sobre las ya sobreexplotadas masas de agua subterránea.
Por último, Sinkevicius ha avanzado que ahora la Comisión evaluará «detenidamente» las aclaraciones facilitadas en las cartas del Gobierno español y de la Junta de Andalucía el pasado viernes.
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