Palacio Federal Legislativo
El pronunciamiento se produce tras la ofensiva lanzada por EEUU contra Caracas y otras regiones venezolanas, que incluyó bombardeos, la captura del presidente Nicolás Maduro y su esposa, y que ha provocado decenas de muertos, según distintas fuentes.
Los países firmantes advierten de que el uso unilateral de la fuerza amenaza la estabilidad regional y pone en riesgo a la población civil
En un comunicado conjunto, los seis gobiernos expresaron su “profunda preocupación y rechazo” frente a las acciones militares ejecutadas unilateralmente en territorio venezolano.
El texto subraya que la operación contraviene principios fundamentales del derecho internacional, entre ellos la prohibición del uso de la fuerza, el respeto a la soberanía y la integridad territorial de los Estados, recogidos en la Carta de las Naciones Unidas.
Los firmantes advierten de que estas acciones “constituyen un precedente sumamente peligroso para la paz, la seguridad regional y ponen en riesgo a la población civil”.
| País | Posición oficial |
|---|---|
| Brasil | Rechazo al ataque y defensa del diálogo |
| Chile | Condena del uso unilateral de la fuerza |
| Colombia | Llamamiento a vías pacíficas |
| México | Defensa del principio de no intervención |
| Uruguay | Advertencia sobre el riesgo regional |
| España | Rechazo a la escalada militar |
Los gobiernos firmantes reivindican a América Latina y el Caribe como una zona de paz construida sobre la no intervención
El comunicado reafirma el carácter de América Latina y el Caribe como zona de paz, construida sobre el respeto mutuo, la solución pacífica de controversias y la no intervención.
Los seis países hacen además un llamado a la unidad regional, más allá de diferencias políticas, ante cualquier acción que ponga en peligro la estabilidad del continente.
Este posicionamiento contrasta con el respaldo expresado por otros gobiernos latinoamericanos, entre ellos el del presidente argentino Javier Milei, que celebraron la captura de Maduro.
El mismo domingo, el presidente de EEUU, Donald Trump, advirtió a la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez, designada como mandataria encargada tras la captura de Maduro, de que deberá “tomar las decisiones correctas” o afrontar “un precio alto”.
Trump ha afirmado que EEUU administrará Venezuela hasta que se produzca una transición que considere “segura y sensata” y no ha descartado desplegar tropas en suelo venezolano si lo estima necesario.
Los países firmantes piden a la ONU intervenir para frenar la escalada y preservar la estabilidad regional
Brasil, Chile, Colombia, México, Uruguay y España exhortaron al secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, y a los Estados miembros de los mecanismos multilaterales pertinentes a hacer uso de sus “buenos oficios” para contribuir a la desescalada de las tensiones.
Insisten en que la crisis venezolana debe resolverse exclusivamente por vías pacíficas, mediante diálogo, negociación y respeto a la voluntad popular, sin injerencias externas y conforme al derecho internacional.
El comunicado también expresa preocupación ante cualquier intento de apropiación externa de recursos naturales o estratégicos venezolanos, al considerar que estas prácticas son incompatibles con el derecho internacional y amenazan la estabilidad política, económica y social de la región.
Los firmantes sostienen que solo un proceso político inclusivo, liderado por los propios venezolanos, puede conducir a una solución democrática, sostenible y respetuosa de la dignidad humana.
La ofensiva se produce tras meses de creciente tensión, iniciada en agosto con un amplio despliegue militar estadounidense en el Caribe que incluyó destructores, un submarino nuclear, el portaaviones USS Gerald R. Ford y más de 4.000 soldados estadounidenses.
En diciembre, EEUU reforzó la presión con un bloqueo naval y la incautación de tres tanqueros con crudo venezolano, operaciones que Washington justificó como parte de su estrategia para frenar el tráfico de drogas hacia su territorio.
El Gobierno venezolano, por su parte, ha calificado la operación como una violación del derecho internacional y un ataque directo a su soberanía.
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