Pablo Iglesias, secretario general de Podemos, en el Congreso.
Impedir un posible pacto de gobierno entre PSOE y Podemos en 2016. Esto es lo que se escondería tras el robo de datos personales a Pablo Iglesias, por el que este último compareció este miércoles ante la Audiencia Nacional. Los investigadores del juzgado central de instrucción número 6 de la Audiencia sostienen que la sustracción del móvil a una asesora del líder de Podemos, del que extrajeron conversaciones privadas y fotografías, se debió a una maniobra de la “organización criminal del Ministerio del Interior” con el objetivo de “extorsionarle y boicotear” el mencionado hipotético acuerdo de gobierno.
Así lo desvela este jueves la SER, que recuerda que todo tuvo lugar al principio del verano de aquel año, cuando aún existía la posibilidad del pacto. Fue entonces cuando algunos de los datos de aquel móvil robado aparecieron en medios de comunicación.
El juzgado tiene previsto ampliar próximamente las diligencias de investigación de esta causa. Es más, el juez ha abierto una pieza separada nueva para investigar el caso, que ha denominado ‘Dina’, en referencia a Dina Bousselham, la asesora de Pablo Iglesias a la que sustrajeron el móvil.
Los investigadores, continúa el mencionado medio, creen que esta causa apuntala la acusación que se sigue en el juzgado contra la policía política de Jorge Fernández Díaz, a la que recurría aquella cúpula de Interior contra líderes soberanistas, la izquierda o para destruir pruebas que perjudicasen al PP en el caso de su caja b.
Esta policía política, de la que el excomisario Villarejo era miembro, tenía en su diana al secretario general de Podemos. Entre otras cosas, trató sin éxito de judicializar el informe PISA, acrónimo de Pablo Iglesias Sociedad Anónima, para acusar al partido morado de financiación ilegal. Sin embargo, la justicia tumbó todos los intentos al respecto.
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