Carles Puigdemont, expresidente de la Generalitat de Cataluña
La Fiscalía de Bruselas ha confirmado este viernes que el proceso para ejecutar o no las órdenes de detención y entrega contra el expresidente catalán Carles Puigdemont y el exconseller Toni Comín ha quedado suspendido y se reanudará «en principio» cuando el Parlamento Europeo decida eventualmente levantar la inmunidad de ambos políticos independentistas si así lo pide el Tribunal Supremo. Así lo ha explicado este viernes una portavoz de la Fiscalía de Bruselas, quien además ha confirmado que fue el propio Ministerio Público quien pidió al juez de instrucción interrumpir el proceso tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) de diciembre sobre el alcance de la inmunidad del exvicepresidente catalán Oriol Junqueras.
De esta forma, el procedimiento ha quedado suspendido «únicamente» para Puigdemont y Comín, pero no para el también exconseller Lluís Puig, que debe comparecer ante el tribunal de primera instancia el próximo 3 de febrero en una audiencia que inicialmente estaba prevista para los tres políticos independentistas.
La sentencia del TUE sobre Junqueras abrió la puerta a que Puigdemont y Comín iniciasen los trámites para convertirse en eurodiputados con pleno derecho, un trámite que completarán la próxima semana, salvo sorpresa, y les permitirá participar en la sesión plenaria que comienza el 13 de enero.
Sus órdenes de detención y entrega, sin embargo, no han sido rechazadas sino suspendidas, por lo que el proceso de decisión se reanudará si la Eurocámara acuerda levantar su inmunidad tras una petición emitida por el Tribunal Supremo español y sin necesidad de que la Justicia española emita una nueva euroorden.
Los plazos para resolver un suplicatorio de levantamiento de inmunidad en el Parlamento Europeo no están fijados y el calendario depende en gran medida de la complejidad del caso, que puede tener respuesta en semanas o alargarse meses.
En cualquier caso, la Eurocámara recibió a lo largo de la pasada legislatura 55 suplicatorios de autoridades judiciales nacionales solicitando que se levantara la inmunidad de alguno de sus eurodiputados y únicamente rechazó suspender esta protección en cinco casos.
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