Begoña Gómez y los correos

El foco no es solo si Gómez incurrió en delitos como malversación o tráfico de influencias, sino hasta dónde puede llegar la Justicia sin invadir derechos fundamentales como el secreto de las comunicaciones y la privacidad institucional. El procedimiento se ha convertido en una prueba de método: investigar con rigor no implica abrir puertas indiscriminadas.

Garantías frente a excesos procesales

Que se investigue lo necesario es una obligación, pero con límites claros. La resolución de Peinado reclamaba todos los correos electrónicos desde 2018, sin especificar destinatarios ni contenidos, y sin justificar su relación con los presuntos delitos. Para la Fiscalía, esta amplitud convierte la diligencia en un cheque en blanco que compromete derechos básicos.

Una investigación sin garantías no fortalece la Justicia, la debilita

Declaraciones y defensa

El 10 de septiembre, Begoña Gómez declaró ante el juez y afirmó que su asesora solo le prestó “favores personales puntuales”. Negó un uso indebido de recursos públicos y defendió que sus funciones se desarrollaron dentro de la normalidad. Su defensa recurrió también la orden de incautación por considerarla desproporcionada y vulneradora de derechos fundamentales.

La gravedad de las imputaciones exige un procedimiento ejemplar en forma y en fondo

Fechas clave del procedimiento

Lo que está en juego

Si hubo usos indebidos del aparato público, deben aclararse, pero un Estado que se define como garantista no puede convertir una sospecha en permiso para registrar comunicaciones sin límites temporales ni materiales. La proporcionalidad es tan esencial como la propia búsqueda de pruebas.

Democracia y relato público

El caso se libra en los tribunales, pero también en la opinión pública. La tentación de convertir cada movimiento judicial en munición política erosiona la confianza ciudadana y agrava la fatiga democrática. La salida responsable pasa por delimitar diligencias, proteger derechos y comunicar con sobriedad.

Hoy no se decide si Begoña Gómez es culpable o inocente, eso lo dirán los tribunales. Lo que se decide es si España es capaz de investigar a quien está cerca del poder sin sobrepasar los límites que protegen a todos los ciudadanos. En esa frontera se mide la salud de la democracia.

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