Trabajadores
BBVA Research cifra entre una y cuatro décimas menos de creación de empleo el impacto del aumento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) a 900 euros mensuales en 2019, lo que supone un promedio de 45.000 cotizantes menos de los que se podrían haber generado, por lo que pide que los nuevos incrementos sean «graduales» y se hagan lo «suficientemente despacio» como para que las empresas puedan adaptarse.
Asimismo, el servicio de estudios de la entidad aboga por acometer reformas estructurales y por una mayor eficiencia de la Administración antes que acometer una subida de impuestos.
Así lo han señalado el director de BBVA Research y economista jefe de Grupo BBVA, Jorge Sicilia, y el responsable de Análisis Económico de BBVA Research, Rafael Doménech, durante la presentación del informe ‘Situación España’, elaborado por el servicio de estudios del banco.
BBVA Research cifra en 45.000 los puestos de trabajo perdidos como consecuencia del aumento del 22,3% del SMI en 2019, por lo que Doménech ha subrayado la importancia de que los aumentos futuros del Salario Mínimo sean «más graduales, se evalúen bien y se hagan dentro del acuerdo social».
Este impacto ha sido distinto en función de las comunidades autónomas y los sectores, siendo las regiones más afectadas las que presentan un mayor uso de los contratos ligados al SMI, como Andalucía, Murcia o Canarias, o sectores como el de la hostelería, según ha detallado el economista jefe para España de BBVA Research, Miguel Cardoso.
Además, Cardoso ha indicado que se constata un aumento de la renta en la primera parte del año 2019, que se debe «en parte» al aumento del SMI y que se ha traducido en una aceleración del consumo del 1% al 1,5%, si bien ha precisado que ha sido «sorpresiva» la falta de un mayor ahorro pese a la buena evolución salarial del primer semestre, aunque cree que se producirá a futuro.
No obstante, Sicilia ha dicho que los trabajadores que han mantenido su puesto de trabajo y se han beneficiado de un aumento de sueldo «están mejor», si bien el «problema» es la menor creación de empleo derivada de la medida.
Aunque cree que «tiene todo el sentido del mundo» elevar el SMI al 60% del salario medio a final de legislatura (unos 1.200 euros), como se ha propuesto el nuevo Gobierno de coalición, ha pedido que los cambios regulatorios de este tipo se hagan «lo suficientemente despacio» para que se produzca una adaptación de las empresas.
En este sentido, ha planteado opciones como los complementos salariales o acometer diferencias en el aumento del SMI en función de los sectores productivos o por diferenciación regional.
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