Luis Bárcenas, extesorero del PP
El que fuera gerente de los ‘populares’ entre 1990 y 2008 deberá lidiar con un nuevo frente después de que la Justicia haya establecido que utilizó dinero de la ‘caja b’ del partido para sufragar los costes de la reforma del cuartel general del PP, situado en el número 13 de la calle Génova.
Previamente, la Audiencia Nacional le condenó a 33 años y 4 meses de cárcel por delitos contra la Hacienda Pública y blanqueo de capitales por la primera etapa de ‘Gürtel’, aunque el Tribunal Supremo rebajó la pena hasta los 29 años y 1 mes.
Bárcenas, que cumple condena en el Centro Penitenciario de Soto del Real, disfrutó en el pasado mes de abril de su primer permiso penitenciario después de haber cumplido una cuarta parte de su condena. En esas fechas, la Justicia no se había pronunciado sobre sus papeles y sobre la contabilidad en ‘b’, que ha quedado acreditada este jueves.
Al extesorero del PP esta nueva condena de dos años de prisión realmente no le afecta en el computo total de años que pasará en la cárcel. Esto es así porque el cómputo de la pena efectiva se hace con el triple de la mayor de las condenas, y dado que el delito que más años comporta de cárcel por el que le han condenado es por Blanqueo de Capitales –cuatro años–, la ley prevé que cumpla un máximo de 12 años.
Bárcenas solicitó en febrero a la Audiencia Nacional el cómputo de condena para poder acceder a permisos penitenciarios. El artículo 76 del Código Penal establece que «el máximo de cumplimiento efectivo de la condena del culpable no podrá exceder del triple del tiempo por el que se le imponga la más grave de las penas en que haya incurrido». Esto supone que, de aplicarse esta norma, lo máximo que puede pasar en prisión son 12 años.
Sus manuscritos todavía tienen un futuro judicial por recorrer, toda vez que el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 5, Santiago Pedraz, decidiera no prorrogar la investigación, precisamente, sobre esos mismos papeles.
En concreto, las pesquisas se centran en este caso en las llamadas comisiones finalistas, es decir, en determinar si los donantes de la presunta ‘caja b’ del Partido Popular daban dinero a cambio de adjudicaciones concretas.
En un escrito enviado a Anticorrupción, el antiguo responsable de las finanzas ‘populares’ afirmó que en dichos papeles se anotaban las donaciones que hacían los empresarios directamente a Lapuerta, en la misma sede del PP, en la calle Génova de Madrid, o «en ocasiones en restaurantes», a cambio de «importantes adjudicaciones de obras y servicios públicos».
Bárcenas afirmó además que «de todas estas actuaciones era perfectamente conocedor» el ex presidente del Gobierno Mariano Rajoy. «Hasta el punto de que a principios de 2009, tuvimos una reunión en su despacho, en el que mostré los papeles de esta contabilidad B, espetándome que cómo podía seguir conservando toda esa documentación comprometedora, que terminó, personalmente, destruyéndola en la máquina destructora de papeles, sin saber, que yo guardaba», relató.
La investigación sobre las comisiones finalistas arrancó tras la publicación de los ‘papeles’ de Bárcenas en ‘El País’. El entonces juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz empezó a indagar meses después, en marzo de 2013, pero archivó dos años después al encontrar únicamente indicios de que la reforma de la sede de Génova se habría pagado con la ‘caja b’.
El caso se reabrió tras las revelaciones que hizo el líder de la ‘Gürtel’, Francisco Correa, durante el juicio por la primera época de actividades de la trama corrupta, donde afirmó que él medió para que grandes constructoras se vieran beneficiadas con contratos públicos a cambio de un «dos o tres por ciento» de comisiones.
En dicha vista oral, el ex tesorero del PP negó en todo momento que las donaciones que distintos empresarios hicieron al PP tuvieran carácter finalista, si bien en el escrito remitido a Anticorrupción sostuvo que algunas sí tenían como objetivo conseguir adjudicaciones.
En otro orden de cosas, aunque ya como perjudicado, Bárcenas aguarda los avances judiciales en torno a la ‘Operación Kitchen’, un dispositivo parapolicial que habría funcionado entre 2013 y 2015 con el objetivo de espiarle a él y a su entorno para robarle la documentación comprometedora que pudiera guardar del PP y sus dirigentes.
En este contexto, el extesorero se adhirió el pasado mes de septiembre al recurso de apelación presentado por la Fiscalía Anticorrupción con el propósito de que el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón reabriese la investigación para ahondar en la presunta trama política, apuntando en este sentido a una implicación del ex presidente del Gobierno Mariano Rajoy y de la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal.
Con todo, la última palabra sobre la decisión de reabrir o dar por concluida la instrucción la tiene la Sala de lo Penal, toda vez que el magistrado desestimase los recursos de reforma presentados por el ex ministro de Interior Jorge Fernández Díaz, su ex secretario de Estado Francisco Martínez y otros acusados en los que le pedían seguir investigando.
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