Imagen de una vivienda en alquiler
Este punto se aprobó inicialmente en el pleno de julio y era necesario el trámite final –después de que varias asociaciones presentaran alegaciones– para permitir la regulación de los precios de alquiler de acuerdo a la ley catalana de contención de rentas durante cinco años más.
A partir de ahora, el precio de referencia a la hora de firmar un nuevo contrato de alquiler será el más bajo entre el precio del contrato anterior o bien el 95% de lo que marque el índice de precios de referencia de la Generalitat de Cataluña.
La concejal de Vivienda, Lucia Martín, ha destacado que la actual regulación de alquileres no atenta contra intereses de la mayoría, sino de asociaciones que mayoritariamente agrupan a grandes promotoras inmobiliarias, a fondos de inversión, «minorías privilegiadas que están lejos de ser pequeños propietarios, sino que son grandes empresas que lo que hacen es perpetuar un modelo de negocio incompatible con el derecho a la vivienda».
«Sorprende que aquellos que continuamente piden seguridad jurídica y marcos normativos estables ahora sean los primeros en intentar tumbar esta ley. ¿En qué quedamos? ¿Queremos estabilidad jurídica o en realidad lo que queremos es que solo se tengan que cumplir aquellas leyes que nos gustan a algunos y que les permiten llegar a cifras de rentabilidad desmesuradas?», se preguntó.
Martín ha asegurado que a raíz de la aprobación de la ley catalana de regulación de alquileres, la oferta de vivienda de alquiler «se ha disparado en la ciudad, los precios empiezan a estabilizarse y el mercado de compraventa funciona con normalidad».
La concejal de ERC Eva Baró ha celebrado la aprobación definitiva de la declaración, aunque ha reprochado al Gobierno municipal –especialmente a los comuns– que se haya aprobado solo seis días antes que acabase el plazo para poder hacerlo, así como su papel en esta cuestión en el Gobierno central, que ha tachado de «decepcionante».
Neus Munté (Junts) ha dicho que está más que justificado que Barcelona sea declarada mercado tenso debido al incremento del 42% que han experimentado los precios de alquiler entre 2014 y 2019, según ella: «Ya es hora que el Gobierno del Estado se responsabilice de la situación que sufre la ciudadanía en el acceso a la vivienda».
Por su parte, Luz Guilarte (Cs) ha reprochado a la alcaldesa, Ada Colau, que «al introducir la obligación de que el 30% de la inversión se destine a vivienda social, la inversión en vivienda ha caído» y ha lamentado que Catalunya es la comunidad a la cola en materia de inversión en vivienda pública, según ella.
Óscar Ramírez (PP) ha dicho que intervenir el mercado de alquiler en lugar de conllevar precios asequibles creará un «efecto boomerang» y cree que provocará una caída de la oferta de alquiler, inseguridad jurídica, mercado negro y la reducción de la calidad del parque de vivienda.
Por último, Eva Parera (Bcn Canvi) ha compartido la opinión de Ramírez y ha reprochado que se esté responsabilizando al sector privado de la problemática; mientras que la concejal no adscrita, Marilén Barceló, ha añadido que también comportará el peligro de que se encarezca el precio de las zonas que aún no están afectadas.
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