Bachelet insiste en que el Gobierno de Filipinas debe rendir cuentas por sus excesos en su lucha contra las drogas

La Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, ha vuelto a insistir en la necesidad de hacer rendir cuentas el Gobierno de Filipinas dirigido por Rodrigo Duterte por sus políticas de «guerra contra las drogas», pues en el contexto de la lucha contra el narcotráfico se habría podido cometer más de 25.000 asesinatos extrajudiciales entre el 1 de julio de 2016 y el 31 de enero de 2020.

En la última sesión del Consejo de Naciones Unidas celebrada en Ginebra, Bachelet ha denunciado que la lucha contra las drogas en Filipinas se está llevando a cabo «sin el debido respeto al Estado de derecho», y sin respetar los «Derechos Humanos de las personas que pueden estar usando o vendiendo drogas».

Bachelet ha hecho referencia al último informe elaborado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas (ACNUDH) que dirige, en el que se han registrado «asesinatos generalizados y sistemáticos» ilegales, así como la «casi impunidad» que disfrutan quienes los perpetran durante las operaciones policiales.

«El Estado tiene la obligación de realizar investigaciones independientes sobre las violaciones graves que hemos documentado. En ausencia de resultados claros y tangibles de los mecanismos nacionales, el Consejo debería considerar opciones para medidas de responsabilidad internacional», ha dicho Bachelet.

La Alta Comisionada ha destacado cómo el Gobierno de Duterte tan solo ha resuelto un caso de los 4.580 que actualmente están bajo investigación del Servicio de Asuntos Internos de la Policía de Filipinas, el de un joven de 17 años llamado Kian de los Santos, asesinado durante un operativo policial y por el cual tres agentes fueron condenados.

La investigación del ACNUDH, ha citado Bachelet, revela falta de firmeza por parte de las autoridades a la hora de investigar los asesinatos y los crímenes que se producen durante los operativos policiales, como refleja, ha dicho, que en la llamada campaña de guerra contra las drogas se hayan registrado 73 muertes de menores de edad, teniendo la víctima más joven tan solo cinco meses.

La petición de Bachelet ante el Consejo de Naciones Unidas está en consonancia con el anuncio que publicó en febrero de 2018, el Tribunal Penal Internacional (TPI), que aseguró que tenía la intención de abrir un examen preliminar de la situación en Filipinas para analizar los delitos de Estado que presuntamente se habrían cometido desde julio de 2016 bajo el pretexto de la lucha contra las drogas.

NUEVA LEGISLACIÓN ANTITERRORISTA, «LA LEY DEL TERROR»

En el mismo acto de Naciones Unidas, Bachelet también ha insistido en «las preocupaciones» que la nueva legislación antiterrorista ha suscitado en amplias capas de la sociedad filipina, pues «diluye las salvaguardas de los Derechos Humanos, amplía la definición de terrorismo y el período de detención sin orden judicial de tres a 14 días, prorrogable por otros 10 días».

Bachelet ha asegurado que dicha legislación «podría tener un efecto escalofriante sobre los Derechos Humanos y el trabajo humanitario», por lo que ha instado al presidente Duterte «a que se abstenga de firmar la ley e inicie un proceso de consulta amplias mayorías para redactar una nueva ley».

«Eso puede prevenir y contrarrestar de manera efectiva el extremismo violento» y del mismo modo, ha explicado, mantener «salvaguardas para evitar su mal uso contra personas involucradas en críticas pacíficas».

Por su parte, el Gobierno de Filipinas ha negado estas acusaciones y el ministro de Justicia, Menardo Guevarra, ha señalado que las afirmaciones del informe del ACNUDH «no tienen cabida» dentro de su sistema, el cual «proporciona todas las vías para examinar, establecer y presentar una reclamación de irregularidades por parte del Estado, si se fundamenta en hechos».

Guevarra ha destacado la figura de Duterte, afirmando que había prometido un país libre de drogas y ha «cumplido de manera fructífera», destacando a su vez «el amplio apoyo» del que dispone por parte de la sociedad filipina.

Algo menos diplomático se mostró Duterte un día después de que este informe saliera a luz hace algo menos de un mes. Obviando las críticas por parte de la ONU, que le achacaba, entre otras cosas, su retórica «incendiaria», y coincidiendo con el anuncio de una incautación de 756 kilos de metanfetamina en el norte de Manila, el presidente filipino calificó de «hijos de puta» a los defensores de los Derechos Humanos, haciéndoles ver el peligro del tráfico de drogas.

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