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“Nos planteamos retomar las movilizaciones por la recuperación de la jornada semanal de 35 horas en respuesta a la negativa del Gobierno de Ayuso”, aseguran CCOO, UGT y CSIT Unión Profesional. En un comunicado conjunto recuerdan que los y las empleadas perdieron “hace más de una década” la jornada de 35 horas, “que ya está acordada en casi todas las comunidades”.
Asimismo, destacan que la posibilidad de volver a esta jornada laboral “se consiguió gracias al Acuerdo Marco por una Administración del siglo XXI, de ámbito estatal, pero que son las comunidades autónomas quienes deben implantarla”.
Tras la reunión con la consejera de Economía, Hacienda y Empleo, los sindicatos se muestran “insatisfechos y desilusionados”. “Teníamos la esperanza de que el cambio de responsabilidades al frente de la consejería –López-Ibor sustituyó a Fernández-Lasquetty- pudiera propiciar una mejor actitud para abordar de forma acordada la recuperación de la jornada”. “No hemos encontrado nada de eso”, lamentan los sindicatos.
Además, remarcan que la Comunidad de Madrid, “siendo la más rica y ‘el motor económico del país’ fue la única que no compensó a los empleados y empleadas públicas por el gran esfuerzo realizado durante la pandemia y la borrasca Filomena para atender a la ciudadanía”.
“A pesar de las dificultades que existen para desarrollar el trabajo por la falta estructural de recursos humanos y materiales y del altísimo coste de vida en esta comunidad”, el Gobierno de Ayuso, critican, “sigue sin reconocer ningún incentivo” para que este colectivo “continúen prestando un servicio de elevada calidad”. También para que “no opten por otras regiones o países que ofrecen condiciones laborales y salariales más atractivas”.
Los sindicatos han aprovechado la reunión para pedir a la responsable económica de la región que “aclare cuándo va a abonar la subida salarial” a los trabajadores del sector público y el abono de atrasos desde enero. Ante esto, la consejera ha apuntado que esperan hacerlo efectivo en la nómina del mes de noviembre.
Las organizaciones sindicales también llevaron a esta cita la propuesta de negociación de la nueva Ley de Función Pública, “ya que la actual data de 1986, así como el desarrollo de la carrera profesional para el conjunto los empleados y empleadas de la administración regional, y los permisos de conciliación que por ley tienen que aplicarse, entre otras cuestiones”.
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