Ayuso se escuda en unas pérdidas económicas millonarias e “injustificadas” para no cerrar Madrid

Ya es oficial. La Comunidad de Madrid ha presentado ante la Audiencia Nacional un recurso contras las nuevas restricciones del Ministerio de Sanidad para tratar de doblegar la curva de contagios. El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso alega, además de una “invasión de competencias” por parte del departamento de Salvador Illa, que el ‘cierre’ de la capital, así como de varios municipios de la región, tendría consecuencias económicas. En concreto, según las estimaciones del Ejecutivo madrileño, se perderían 750 millones de euros a la semana. Además de una “merma” en la recaudación. Por todo ello, pide medidas cautelares.

“La adopción de las medidas supone un impacto económico negativo en el ámbito de la Comunidad de Madrid”, asegura el Ejecutivo madrileño en este recurso que incluye un informe de la Consejería de Hacienda y Función Pública que detalla algunas de las secuelas que, según la Comunidad, provocarían estas restricciones. Así, advierte, por ejemplo, de la pérdida de 750 millones de euros “por cada semana de retraso en la reactivación económica, que conlleva la destrucción media semanal de 18.000 empleos”.

Además, añade que “provocará una merma en la recaudación impositiva ligada a la menor actividad económica”, que cifra en 1.777 millones de euros (“por todas las figuras tributarias relevantes”) sobre el cierre del ejercicio anterior. A esto hay que añadir, continúa el recurso, “la pérdida por cada semana de retraso en la reactivación económica puede cuantificarse en proporción a la misma: un 2,48%, equivalente a una pérdida recaudatoria semanal de 44 millones de euros”.

“Somos conscientes que este impacto económico debe quedar siempre supeditado a las necesidades de Salud Pública, pues así lo impone, por ejemplo, el principio de precaución”, destaca la Comunidad, que previamente expone que la orden de Illa “es una invasión de las competencias”.

Para el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso “en todo momento se han venido adoptando medidas sanitarias, lo que extraemos es que, además del daño que evidentemente supone la sustracción de las competencias, el daño que de ello se deriva resulta totalmente injustificado en el ámbito económico, que se convierte, en el contexto procesal en que nos encontramos, en una pérdida irreparable, que justifica la adopción de las presentes medidas”.

Según sostiene, se trata de la “imposición de una serie de medidas que derivan de un uso instrumentalizado del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud”. Y es que, para el Ejecutivo madrileño el Ministerio de Sanidad “se irroga una competencia de la cual carece”. “Esto resulta agravado cuando, a la vista de la intensidad de las medidas adoptadas, nos damos cuenta que el Estado dispone de un instrumento para ello: la declaración del estado de alarma”, apunta este texto.

Ante esto, reitera que se debe respetar “su ámbito competencial” a tenor de que “no ha existido omisión o dejación de funciones, sino que, al contrario, se vienen desplegando medidas cuya eficacia está ya siendo comprobada”. En opinión de la Comunidad, las medidas propuestas, “al ampliar su ámbito de aplicación, pueden resultar contraproducentes, siendo, en términos sanitarios, más acertado el criterio que viene adoptando” la región.

El recurso firmado por el letrado de la región hace referencia también a que estas restricciones “implican una limitación de derechos fundamentales”. No obstante, Ayuso ya ha impuesto medidas en hasta 45 zonas básicas de salud que afectan a la movilidad y a las reuniones.

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