La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en una imagen de archivo. (Foto: Comunidad de Madrid)
En el primero de ellos, relativo al Sector 6, se habla de la autorización administrativa para la declaración de “utilidad pública” para la construcción de seis líneas y un centro de transformación solicitada por la UFD Distribución Electricidad S.A., distribuidora del grupo Naturgy.
En este sentido, se ha abierto un período de un mes de información pública para poder presentar alegaciones a este proyecto que busca “mejorar la infraestructura eléctrica de la zona” a través de una reordenación de la misma con un presupuesto de 196.888 euros.
Asimismo, en el mismo sector, recoge Europa Press, esta misma suministradora pide también la autorización para construir cuatro líneas subterráneas de alta tensión y un centro de seccionamiento con el mismo objetivo de mejorar el tendido eléctrico. En este caso el presupuesto es de 70.058 euros.
Por último, en el caso del Sector 5, también UFD Distribución Electricidad, prevé construir tres líneas subterráneas de alta tensión y un centro de transformación, también en Madrid. Esta operación está tasada en 79.469 euros.
Hace más de 1.000 días que los sectores 5 y 6 de la Cañada Real ‘se fueron a negro’ perdiendo su suministro eléctrico más de 4.000 personas, 1.8000 de ellos menores de edad.
Desde entonces la problemática alrededor de esta cicatriz urbana ha sido arma política y fuente de reproches entre Gobierno y oposición, señala la citada agencia. En un principio el Ejecutivo madrileño planteó la situación como un problema de seguridad, aduciendo a problemas por los “enganches” ilegales al tendido para mantener las plantaciones de marihuana.
Por parte de la oposición se ha puesto el foco en la cuestión humanitaria y social, sumándose a las reivindicaciones de las asociaciones de la zona que llevan años reclamando que vuelva la luz.
La Comunidad de Madrid ha recalcado la importancia de potenciar su programa de realojos para poder sacar a los vecinos de esta zona y reubicarlos en otros puntos de la autonomía y el Gobierno central le ha instado a acelerar los trámites ante la mala situación de estos vecinos.
El 17 de mayo de 2017, se firmó el Pacto Regional por la Cañada Real Galiana y se comenzó a ejecutar un plan de choque que contemplaba mejoras en una serie de servicios en los sectores I a V y el realojo para el sector VI.
Este tema ha sido sujeto recurrente de peticiones del Defensor del Pueblo para que todas las instituciones –tanto Estado, Comunidad como ayuntamientos de Madrid, Coslada y Rivas Vaciamadrid — se pongan de acuerdo para acabar con la crisis energética en la Cañada Real Galiana.
Asimismo, fue elevado en abril del pasado año al Comité Europeo de Derechos Sociales del Consejo de Europa a quien el Defensor del Pueblo envió un informe alertando de la situación de “insostenible emergencia humanitaria”.
La instancia comunitaria envió previamente una petición por una reclamación de varias organizaciones respecto a la situación que, desde el otoño de 2020, padece este asentamiento poblacional ubicado a pocos kilómetros del centro de Madrid.
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