La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero.
La Comunidad de Madrid va a interponer un recurso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo contra la decisión del Ministerio de Sanidad de denegar a la región pasar a la fase 1 del plan de desescalada por el Covid- 19. Así lo ha anunciado el consejero Enrique Ruiz Escudero en un Consejo de Gobierno reunido con carácter extraordinario esta tarde.
La presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, ya había adelantado la semana pasada que su gabinete estaba estudiando con los servicios jurídicos dar este paso al “entender que la decisión no se sujetaba en criterios técnicos aplicados de forma homogénea a todo el territorio”.
“En relación con la primera solicitud de cambio a la fase 1”, recoge el Gobierno autonómico en una nota, la región “no tiene constancia de que exista ningún informe que motive el rechazo” a cambiar de fase, “lo que podría suponer un defecto grave”. Asimismo, y sobre la segunda solicitud, apunta que “el informe de la Dirección General de Salud Pública de Sanidad es posterior a la comunicación de la decisión a la Comunidad y, además, las razones que esgrime el informe para motivar la denegación no tienen relación directa con los indicadores del llamado Plan para la Transición a una Nueva Normalidad”.
Por otro lado, el Ejecutivo de Ayuso muestra “dudas razonables acerca de que los indicadores se estén aplicando de manera homogénea” para todas las autónomas por parte de Sanidad, “lo que le hace cuestionarse la validez jurídica de la decisión, tanto desde el punto de vista técnico como desde el punto de vista del respeto al principio de igualdad”. Es más, afirma que “cumple, desde que lo solicitó por primera vez, todos los requisitos técnicos” necesarios para acceder a la fase 1 de la desescalada.
Para el Gobierno madrileño “la forma en la que se han tomado las decisiones” desde el departamento de Salvador Illa para negar este salto a la siguiente fase “podrían vulnerar varios principios y normas esenciales de nuestro ordenamiento jurídico, lo que justifica la presentación del recurso contencioso-administrativo”.
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