Isabel Díaz Ayuso
La Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras pretende disponer de forma inmediata de una regulación que establezca la normativa que deben cumplir los servicios de transporte urbano del taxi y los VTC de la región con el objetivo de que ambas modalidades cubran de forma satisfactoria y segura las necesidades de movilidad de los ciudadanos, así como su libertad de elección.
Como principal novedad, el departamento que dirige Jorge Rodrigo prevé tener listo antes de final de año el borrador del primer reglamento de los vehículos de transporte con conductor (VTC) que, entre otras cuestiones, prevé un refuerzo de la seguridad del cliente.
En detalle, según las líneas del mismo avanzadas por la Consejería, recoge Europa Press, se sopesa la posibilidad de reforzar la protección del usuario limitando las subidas abusivas de precios. Eventos masivos como el Mad Cool han generado en sus últimas ediciones críticas de los asistentes por el incremento de precios por parte de las empresas de vehículos de transporte colectivo, en muchos casos abusivos y desproporcionados.
Igualmente, también está previsto que se proteja al cliente con penalizaciones por las cancelaciones de servicios y los retrasos injustificados. Asimismo, en el texto aún en elaboración se contempla la posibilidad de prohibir la captación activa de clientes por parte de este tipo de servicio y la publicidad engañosa.
El objetivo de la Comunidad es que el borrador esté terminado antes de que finalice el 2023 y este tipo de transporte conviva con el sector del taxi en armonía.
A principios de año entró en vigor el régimen sancionador a los operadores de vehículos de transporte con conductor (VTC), que establece tres categorías distintas en función de las infracciones cometidas, cuyo importe oscilará entre 801 y 6.000 euros en las consideradas como muy graves, incluyendo aquí la novedad de aquellos conductores que no hayan superado el examen necesario para ejercer su profesión.
En las sanciones graves (de 301 a 800 euros), se han añadido los casos en los que una empresa no tenga la disposición de los vehículos con los que da servicio a los usuarios; que no se haya comunicado el trayecto o la búsqueda por vía electrónica, o que los clientes no hayan contratado ni solicitado previamente la recogida.
Por último, en el rango de las leves (entre 100 y 300 euros de multa) se han introducido dos nuevas tipologías, que las empresas en las que se realiza la contratación no dispongan de los medios que se establezcan con el objeto de preservar los derechos de los usuarios; y que no se abone la cuantía de la penalización a los perjudicados cuando los operadores cancelen unilateralmente el viaje.
En este marco, antes de que finalice el presente año el Gobierno regional también se pretende tener aprobado de forma definitiva el nuevo reglamento del taxi, que actualmente está en fase de estudio de alegaciones.
La Comunidad de Madrid adelantó como líneas del nuevo texto la posibilidad de que estos profesionales tengan libertad horaria y trabajen todos los días y las horas que quieran. También se flexibilizaría la normativa facilitando la contratación de conductores y se elevará de tres a 50 el número de licencias de autotaxi por titular.
Además, el Gobierno madrileño quiere que sea legal el servicio de coche compartido, de forma que se puedan reservar plazas en un vehículo y se puedan compartir los gastos de viaje entre más de un usuario. Asimismo, ningún Ayuntamiento podrá impedir la aplicación de descuentos en servicios previamente contratados a precio cerrado.
Entre las novedades de esta nueva normativa está previsto que se incluyan aspectos como la posibilidad de que los profesionales puedan escoger entre comprar el vehículo o adquirirlo en régimen de renting, o la necesidad de acreditar un nivel mínimo de conocimiento de aspectos relacionados con el idioma, los primeros auxilios y la ubicación de lugares relevantes de Madrid.
En cualquier caso, desde la Comunidad de Madrid se sigue estudiando las alegaciones presentadas al nuevo texto, con el sector en contra de aspectos como la ampliación de las licencias permitidas para cada taxista, que ahora mismo pueden ser hasta cuatro.
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