«Lo redacten como lo redacten este impuesto directamente va a atacar a la autonomía fiscal de la Comunidad teniendo en cuenta que lo que intenta es volver a instalar el pago de un impuesto que nosotros dentro de nuestra autonomía hemos retirado», ha señalado en declaraciones a los periodistas tras un acto en Valdemorillo.
Ayuso ha señalado que el Ministerio de Hacienda tendrá que redactarlo «francamente bien» porque estarán encima de ellos. A partir de ahí, la Comunidad de Madrid tendrá un plazo de tres meses para presentarlo.
En todo caso, la dirigente regional ha subrayado que este impuesto «no es de solidaridad». «Es una broma de mal gusto, solidaridad sería bajarse los sueldos, cosa que no ha hecho este Gobierno; reducir ministerios, cosa que no hace el Gobierno; solidaridad sería bajarle el precio a la electricidad, el IVA a los productos esenciales y ayudar a las economías y no estar despilfarrando en lo que estamos viendo… en propaganda. Eso sería solidaridad y no señalar a los ciudadanos que tienen patrimonio», ha lanzado.
Para la jefa del Ejecutivo madrileño, en España «no sobra nadie» y prefiere que los grandes patrimonios «se queden» entre otras cosas para «mover la economía y ayudar a los más vulnerables» que es donde hay que centrarse ahora.
Por su parte, durante la rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno, el vicepresidente y consejero de Educación y Universidades, Enrique Ossorio, ha advertido que, de salir adelante, más de 13.000 personas podrían irse a otros países que no tienen este impuesto y en la Comunidad podría suponer la pérdida de 5.000 millones de recaudación por IRPF e IVA, el 88% del presupuesto destinado a Educación o el 60% del de Sanidad.
La presentación de este recurso de inconstitucionalidad ha sido abordado este martes durante la reunión del Consejo de Gobierno al considerar que se trata de la creación de un impuesto «muy negativo» para la Comunidad de Madrid que conllevaría la expulsión de patrimonio de la región hacia otros países tal y como pasó, ha advertido, en Francia.
Según ha alegado, a falta de ver cómo se plasmaría su creación, ha subrayado que lo más probable es que el Ejecutivo de Sánchez lo impulse vía «ley ordinaria», algo que chocaría con la Ley de Financiación de Comunidades Autónomas (LOFCA), que recoge en su artículo 19 que «en caso de tributos cedidos, cada Comunidad Autónoma podrá asumir, en los términos que establezca la ley que regule la cesión de tributos, las siguientes competencias normativas (…) en el Impuesto sobre el Patrimonio, la determinación de mínimo exento y tarifa, deducciones y bonificaciones».
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