El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, en una imagen de archivo.
Así lo ha apuntado el Defensor del Pueblo este martes durante la presentación del ‘Informe sobre los abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica y el papel de los poderes públicos’, ante la Comisión Mixta (Congreso-Senado), un año después de que Gabilondo entregara el informe a la presidenta del Congreso, Francina Armengol.
De los datos actualizados se desprende que el 83,5% del total de las víctimas (un total de 564) son hombres y un 16,3% (110), mujeres.
Por edad, la mayoría de las víctimas (264) tenía entre 50 y 65 años en el momento de la entrevista, seguidas por las de 65 a 75 años (180).
En cuanto a la década en que sucedieron los hechos, el 31% de los casos sucedieron en la década de 1970; un 27,4%, en la década de 1960 y un 20,1%, en 1980.
Asimismo, un total de 35 casos recogidos por el Defensor del Pueblo sucedieron desde el año 2000, 10 de ellos, en la década de 2010, según la institución.
Gabilondo ha reconocido alguno de los últimos pasos dados por la Iglesia católica, como el Plan PRIVA, y ha destacado que la Iglesia «ha pasado de minimizar» el problema diciendo que son «manzanas podridas» a un «implícito y progresivo reconocimiento de los hechos».
El Defensor del Pueblo ha advertido de que este «grave problema» de los abusos ha sido posible durante décadas por el mantenimiento del «silencio» y ha precisado que ahora se puede decir que «se ha roto el silencio» gracias, sobre todo, al «esfuerzo de tantas víctimas» que han contado sus testimonios.
En cuanto a las recomendaciones, Gabilondo ha destacado, entre otras, la necesidad del «desarrollo legal de una forma de acreditar el estatuto de víctima de esta violencia sexual específica» o la compensación económica a las víctimas, de la que, según ha indicado, la Iglesia «no ha de mantenerse al margen».
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