Edificio de viviendas
Todo ello en un acto en la Plaza de las Cortes de Madrid, frente al Congreso, junto a colectivos como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), el Sindicato de Inquilinas o el Movimiento sin Hogar, que han exigido que la nueva ley prohíba de forma efectiva los desahucios sin alternativa y garantice control del precio del alquiler para rebajar las rentas e impedir subidas abusivas.
“Estamos altamente preocupados por el estancamiento de la ley”, ha manifestado Paco Morote, representante de la PAH, que ha señalado cómo pese a la protección extraordinaria contra los desahucios aprobada durante la crisis se han registrado 52.000 desahucios entre enero de 2021 y marzo de 2022.
Silvia Abadía, representante del Sindicato de Inquilinas ha criticado que cada semana llegan a las asambleas decenas de familias denunciando subidas “brutales” del alquiler, pese al control a las subidas del alquiler vigente ya que no afecta a renovaciones de contratos. “Esto no se puede sostener”, ha dicho, recoge Europa Press.
Por Unidas Podemos, su portavoz parlamentaria de Vivienda, Pilar Garrido, ha defendido que hay “contenidos imprescindibles” que la nueva regulación debe contener, como el control de precios pero también garantías frente a los desahucios y medidas para movilizar vivienda en alquiler social, como la de la Sareb, el conocido como ‘banco malo’. “Esperamos que muy pronto estos contenidos estén en el BOE”, ha manifestado.
Por su parte, su homóloga en ERC, Pilar Vallugera, ha recordado que su grupo avaló la tramitación de la ley a cambio de un compromiso de PSOE y Unidas Podemos para ampliar las medidas antidesahucios y la contención de rentas. “Que cumplan su palabra y que de verdad se paralicen las subidas de los alquileres y la ley tiene efectos sobre los desahucios. Esto no está pasando y la culpa no es nuestra”, ha espetado, lamentando que por ahora la ley “únicamente contiene previsiones y deseos”.
Oskar Matute, de EH-Bildu, ha reivindicado que la ley “tiene que incorporar sí o sí” la prohibición de desahucios y el control de precios, mientras que Albert Botran, de la CUP, ha emplazado al Ejecutivo a retirar el recurso de inconstitucionalidad contra la regulación catalana, pues cree que al resistirse a aprobar la norma nacional, “el Gobierno ni come, ni deja comer”.
Por Más País-Equo, su portavoz Íñigo Errejón ha reivindicado que esta norma “no puede ser una oportunidad perdida ni un motivo de decepción”, y ha señalado que los buenos resultados del tope al gas tiene que trasladarse a los alimentos y los alquileres. “La suerte del Gobierno va a depender de la suerte de la clase trabajadora”, ha dicho.
Finalmente, Néstor Rego (BNG) ha reclamado “que el PSOE debe moverse y aceptar las propuestas de la sociedad organizada y las fuerzas que apoyamos la legislatura” para poder garantizar el derecho a la vivienda y movilizar viviendas en alquiler social, como son las propiedades de la Sareb. “Si no se hace es porque el Gobierno, y particularmente el PSOE, no quiere”, ha dicho.
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