En un auto de 27 de diciembre, al que ha tenido acceso Europa Press, los magistrados de la Sección 30 han respaldado la decisión del juez instructor del pasado 23 de julio y han desestimado el recurso de apelación interpuesto por la exsenadora de Podemos Celia Cánovas.
La Audiencia Provincial ha indicado que, tal y como señala el Ministerio Fiscal, «no consta la existencia de distracción de los fondos recibidos por el partido Podemos dirigidos a dirigentes suyos».
La decisión del tribunal tiene lugar después de que el titular del Juzgado de Instrucción Número 42 de Madrid, Juan José Escalonilla, acordara archivar por segunda vez la línea de investigación dedicada a la donación de 50.000 euros que la Asociación #404 Comunicación Popular solicitó a la Caja de Solidaridad de Podemos.
En julio, el juez aseguró que no había «indicios racionales» de que se hubiera cometido un delito de administración desleal. En su auto, indicó que los fondos transferidos «fueron utilizados por sus miembros para los fines propios de dicha asociación».
Aquella era la segunda ocasión en la que el juez Escalonilla archivaba la investigación. La primera vez tuvo lugar en octubre de 2020, pero las acusaciones populares ejercidas por Vox y ProLege presentaron un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Madrid, que en febrero de 2021 ordenó continuar con la investigación «hasta el esclarecimiento de la presunta administración desleal».
Ahora, la Audiencia Provincial ha confirmado la decisión del instructor de archivar y ha subrayado, además, que «no existe norma que prohíba la donación a la entidad 404».
Cánovas pedía que se continuara con la investigación en los tribunales al considerar que el informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) sostiene que los fondos de la Caja de Solidaridad han sido gestionadas por los mismos integrantes y directivos del partido para financiar actividades sin control del Consejo Ciudadano para usos ajenos al partido y a la solidaridad que es el objeto de dicho fondo.
Los magistrados han explicado que la reclamación de la exsenadora «está encaminada a revisar el articulado del Reglamento de la Caja de Solidaridad», algo que a este tribunal penal «no le compete».
En este sentido, han precisado que si Cánovas considera que dicha normativa permite realizar donaciones «sin control» ello corresponde resolverlo al partido, «como cuestión interna», mediante los mecanismos que contemplen sus estatutos y normas internas, y «no a través del Derecho penal».
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