Francisco Correa
El juicio por la presunta financiación irregular del PP de la Comunidad Valenciana (PPCV) en la época de Francisco Camps, expresidente regional arranca este lunes con una veintena de personas acusadas. Ninguna de ellas es el propio Camps, aunque el antiguo líder regional sí declarará como testigo.
Esta pieza esencial de la trama Gürtel analizará si el partido conservador pagó en B a la empresa vinculada a la trama, Orange Market, por actos de campaña para elecciones autonómicas en 2007 y generales en 2008, así como comicios municipales.
Los 20 imputados están acusados por la Audiencia Nacional de delitos electorales, falsificación de documentos mercantiles y contra la Hacienda Pública.
Entre los principales acusados figuran Francisco Correa, considerado cabecilla de la red corrupta a la cabeza de la maraña de empresas que trabajaban en B para el partido; su mano derecha Pablo Crespo y el responsable de Orange Market, Álvaro Pérez, ‘El Bigotes’.
También están acusados Ramón Blanco Balín, exconsejero delegado de Repsol, y Vicente Cotino, presidente del Consejo de Adminsitración de Sedesa Inversiones S.L. Sedesa Obras y Servicios S.A. y de Fundación Sedesa, y sobrino del expresidente de las Cortes Valencianas, entre los empresarios acusados de financiar ilegalmente al partido.
La mayor parte de estos empresarios, salvo Blanco Balín, han alcanzado acuerdos de conformidad con Anticorrupción admitiendo los pagos irregulares al PP de Camps.
El juicio contará con 22 sesiones y finalizará el próximo mes de abril. Tras tres días de inicio dedicados a las declaraciones de los imputados llegará el turno de los testigos.
La Audiencia Nacional pide 24 años y medio de prisión por tres delitos electorales a Correa y a Pablo Crespo, 27 para El Bigotes y 17 años para Blanco Balín.
Entre los políticos, el alto tribunal solicita penas de casi ocho años para cuatro de los exaltos cargos imputados, y una pena de seis meses para Yolanda García Santos, extesorera del PP de la Comunidad Valenciana y exdiputada regional.
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