El desahucio decretado para este miércoles por un juzgado madrileño de 27 familias que residen en tres edificios que pasaron a formar parte de Sareb ubicados en la calle María Guerrero, en el barrio de Comillas (Madrid), ha sido aplazado, previsiblemente para el mes de febrero.
Una treintena de personas se han concentrado desde esta mañana junto a inquilinos afectados por el lanzamiento, que han colocado carteles en las fachadas con lemas como ‘Familias a la calle por Navidades. #Gracias Sareb’, ‘Nos quedamos’. ‘Rescatan al banco, desahucian al obrero’ y ‘Sareb desahucia por Navidad. María Guerrero se queda’. La protesta se ha llevado a cabo sin incidentes.
Fernanda, una de las portavoces de los afectados, ha explicado a Europa Press que se ha mantenido una reunión con la comisión judicial que se ha personado este miércoles y se ha acordado posponer el lanzamiento.
Los inquilinos quieren establecer una negociación con la Sareb para lograr un acuerdo que permita evitar el desahucio antes de que llegue febrero, sobre todo cuando hay varias familias en situación de vulnerabilidad social.
Según su versión, la Sareb no ha establecido ningún tipo de negociación con ellos y sostienen que a la entidad «le da igual que se queden en la calle».
Versión contrapuesta trasladan fuentes de Sareb para indicar que el desalojo fue decretado por un juzgado madrileño en un procedimiento que se inició hace más de tres años, con el objetivo de recuperar parte de la deuda al promotor de la que es titular y cuya garantía son los tres edificios en cuestión.
Así, exponen que en enero de 2018 se solicita la «toma de posesión» del inmueble al juzgado, que es la última parte del proceso judicial para ser propietario de un inmueble y debe ser otorgado por el juez.
Al solicitar la posesión, es el juez quien solicita -de forma habitual- la documentación que acredite la existencia de alquileres, si fuera el caso. Varios de los inquilinos, explican desde la entidad, presentaron dicha documentación pero el magistrado determinó que dicho contratos no eran válidos y que debía procederse al desalojo de las viviendas.
Por otro lado, se han identificado ocho casos con vulnerabilidad de acuerdo con los servicios sociales del Ayuntamiento de Madrid y Sareb ha solicitado que se paralicen esos desalojos. Ahora se está trabajando, junto con servicios sociales para «darle solución a estos casos».
También exponen que en noviembre de 2018, un mediador de Haya (empresa que trabaja para Sareb) acudió a la vivienda para hablar con los inquilinos y «solo dos personas abrieron y nadie presentó documentación».
En enero de 2019, relatan desde la entidad, el abogado de Sareb puso tres carteles en los tres portales con los datos de contacto para ofrecer alternativas en los casos en los que estuvieran interesados y fuera posible, pues «hay muchos ejemplos» en los que Sareb se subroga en los contratos de alquiler legales.
Hasta la fecha, la Sareb asegura que «no tienen noticias» de que ninguno de los afectados se haya tratado de poner en contacto con Sareb a través de los canales públicos habituales (www.sareb.es o Sareb Responde 900 115 500- teléfono en la web de la compañía).
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