Ayuntamiento de Madrid
La querella, a la que tuvo acceso Europa Press, se presenta por la presunta comisión de delitos de estafa agravada; falsedad en documento mercantil y blanqueo de capitales, sin perjuicio de que la calificación pueda variar “en el momento procesal oportuno”.
El escrito judicial tiene su origen en las diligencias de investigación incoadas por la Fiscalía el 19 de noviembre de 2020, y prorrogadas por Decreto del Fiscal General del Estado de 18 de noviembre de 2021. Relata la querella que el 20 de marzo de 2020, el Ayuntamiento de Madrid suscribió un convenio con la Empresa de Servicios Funerarios y Cementerios de Madrid S. A. (participada al 100% por el Ayuntamiento de Madrid) por el que esta se comprometía a garantizar el suministro de material sanitario y de seguridad para el personal del Ayuntamiento de Madrid, organismos autónomos y empresas dependientes.
En torno a esa fecha, los querellados Alberto Luceño y Luis Medina Abascal “actuando de común acuerdo y con ánimo de obtener un exagerado e injustificado beneficio económico, ofrecieron al Ayuntamiento de Madrid la posibilidad de adquirir grandes remesas de material sanitario fabricado en China”.
Luis Medina fue la persona que contactó con el Consistorio, aprovechando su condición de personaje público y su amistad con un familiar del alcalde de Madrid. Así, se le facilitó el nombre de la coordinadora General de Presupuestos y Recursos Humanos del Área de Gobierno de Hacienda y Personal del Ayuntamiento de Madrid, como persona a la que se debía dirigir para concretar los términos de las operaciones.
Según la querella, esta persona era también consejera de la Empresa de Servicios Funerarios y Cementerios de Madrid. Desde este momento, las negociaciones se llevaron a cabo entre esta persona y Alberto Luceño, quien se presentó como “experto en importación de productos procedentes del mercado asiático, con fábricas en China a su disposición, y como agente exclusivo de la empresa malaya EEE, a través de la cual se iba a realizar la importación”.
Asimismo, aseguró actuar movido por el deseo de colaborar en la lucha contra la pandemia. “En realidad, ni tenía experiencia significativa en negocios de importación ni disponía de fábricas en China, del mismo modo que tampoco era agente exclusivo de ninguna empresa malaya ni actuaba movido por ninguna intención altruista”, subraya el escrito de la Fiscalía.
Conforme a estas gestiones, se firmaron tres contratos entre la Empresa de Servicios Funerarios y Cementerios de Madrid -como compradora- y la compañía malaya EEE -como vendedora para adquirir material sanitario-, recoge la mencionada agencia.
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