El cerco en torno a Alberto Ruiz-Gallardón sigue cerrándose. La Fiscalía Anticorrupción ha pedido la imputación de 24 colaboradores del expresidente de la Comunidad de Madrid por la compra de Inassa en el Canal de Isabel II. Por el momento, el Ministerio Público no ha reclamado la citación al que también fuera alcalde de Madrid.
El movimiento de la Fiscalía pone el punto de mira en el primer ‘pelotazo’ del Canal de Isabel II en Sudamérica con la compra de la filial colombiana. Según las investigaciones, la operación provocó un supuesto desfalco de 70 millones de dólares para la empresa pública de agua. Gallardón era el presidente de la Comunidad de Madrid cuando en 2001 se realizó la presunta compra irregular.
Dentro de la petición del Ministerio Fiscal se encuentran varios nombres propios como el del actual presidente de Adif, Juan Bravo; el presidente de la Cámara de Cuentas de Madrid, Arturo Canalda, que en aquella operación ejercía de director gerente del Canal de Isabel II; y el consejero madrileño Pedro Calvo.
Al mismo tiempo, la Fiscalía Anticorrupción ha reclamado la imputación de todos los miembros del consejo de administración de la compañía pública en 2001 por votar a favor de la compra de Inassa. Entre los protagonistas se encuentran también Ignacio López-Galiacho, Juan María del Álamo, Fernando Autrán, Francisco Díaz-Latorre, Adriano García-Loygorri, José Manuel Herrero, José Antonio Llanos, Roberto Molero, Andrés Muñoz Hernández, Agapito Ramos, Miguel Ángel Saldaña y Roberto Sanz Pinacho.
En su escrito, Anticorrupción ha solicitado también que se investigue al exconsejero de Canal Extensia SA Gaspar Cienfuegos, por haber intervenido supuestamente en “aspectos relevantes” de la operación como vehículo para la compra de Inassa. Diego Fernando García Arias, vinculado a la filial en el momento de la operación sospechosa, es otro de las peticiones que han salido desde la Fiscalía.
Las miradas se dirigen a Gallardón
De esta manera, el entorno cercano de Gallardón cae como imputado, aunque la situación puede agravarse con el tiempo. Según ha señalado la Fiscalía en su escrito, tal y como ha recogido El Confidencial, se deja abierta la imputación del exministro de Justicia, así como de todo su Consejo de Gobierno cuando estaba al frente de la Comunidad de Madrid.
El Ministerio Fiscal ha determinado que, “hasta la fecha, no obra incorporado a las actuaciones ni el acta redactada sobre este Consejo de Gobierno ni la concreta documentación de la que dispusieron los consejeros antes de adoptar su acuerdo, información que resulta esencial para poder avanzar en la investigación y solicitar la declaración judicial de los miembros del Consejo de Gobierno de la Comunidad que adoptaron este acuerdo”. Falta mucho por investigar, viene a reseñar Anticorrupción.
En el caso de que, finalmente, los fiscales decidan dar el paso de pedir la imputación de Gallardón y de sus consejeros, el ‘caso Lezo’ salpicaría incluso a políticos activos. En este sentido, José Ignacio Echániz (actual diputado del PP en el Congreso, tal y como ha recordado el medio citado), Carlos Mayor Oreja, Manuel Cobo, Luis Eduardo Cortés, Juan Bravo (ya reclamado), Pedro Calvo (ya reclamado), Paz González, Alicia Moreno (actual gerente del Teatro de la Abadía), Pilar Martínez y Luis Blázquez serían los nombres señalados.
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