Pedro Antonio Sánchez, expresidente de Murcia
La Fiscalía Anticorrupción solicita dos años de cárcel para el expresidente murciano Pedro Antonio Sánchez por los delitos de fraude, cohecho y revelación de información reservada, en relación con su implicación en la rama de Murcia de la operación Púnica.
En un escrito remitido a la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJMU), las fiscales del caso solicitan la apertura de juicio oral contra el exmandatario regional y un año y medio de cárcel para David Conesa, entonces miembro de su equipo, informa Europa Press.
El Tribunal Superior de Justicia de la región ha circunscrito la trama Púnica -relativa a adjudicaciones irregulares por parte de las administraciones públicas a cambio de contratos- a la figura de Sánchez y Conesa por fraguar trabajos con el informático experto en reputación en internet Alejandro de Pedro para «limpiar» con dinero público su imagen en las redes sociales en la campaña para las autonómicas de 2015.
Las fiscales Carmen García y Teresa Gálvez recogen en su escrito de acusación que De Pedro y Conesa, valiéndose de sus contactos políticos, firmaron contratos públicos “muchos de ellos con objeto simulado” a cambio de realizar trabajos personales de imagen, reputación on line y posicionamiento en la red, todos ellos pagados con fondos públicos.
En este caso acordaron, tras celebrar cuatro reuniones, que llevarían a cabo trabajos reputacionales para Sánchez, en aquel momento consejero de Educación de Murcia. Estos se presupuestaron en 4.600 euros al mes durante siete meses con un coste total de 32.000 euros que podrían ser constitutivos de delito porque, aunque no se llegaron a cobrar, sí hubo un acuerdo que afectó a la Administración.
Eloy Velasco, el magistrado que comenzó instruyendo la causa Púnica en la Audiencia Nacional, elevó el pasado 3 de abril la exposición razonada al TSJMU de la parte relativa al exmandatario murciano.
El juez entendió que «prueba del concierto de voluntades» orquestado entre las partes fueron al menos las reuniones celebradas de forma connivente y cuasi clandestina para acordar esos trabajos que serían facturados bajo conceptos y con dinero público relacionado con partidas para “formación” de la Consejería de Educación.
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