Anticorrupción trata de vislumbrar si la actual presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, adjudicó irregularmente dos contratos al empresario Arturo Fernández en 2009 y 2011. Según informa hoy La Vanguardia, el relato en la investigación de la Púnica de la exjefa de la asesoría jurídica de la Asamblea, Tatiana Sonsoles Recoder, dejó en evidencia que la Fiscalía sospecha de la actuación de Cifuentes a la hora de adjudicar, presuntamente a dedo, aquellos contratos.
La popular era a su vez miembro de la mesa de contratación de la Asamblea de Madrid y uno de los participantes de una mesa de expertos que se creó para adjudicar por calidad y no por precio los contratos para gestionar la cafetería de la Asamblea madrileña. Tales adjudicaciones acabaron en manos del grupo Cantoblanco, que a su vez había donado dinero al PP a través de la Fundación Fudescam.
Ya conocíamos que dos informes de la UCO de la Guardia Civil consideran que la presidenta pudo incurrir en varios delitos a la hora de adjudicar esos contratos. Cifuentes llegó a explicar su presencia en esa mesa de expertos porque “comía” en la cafetería de la Asamblea: “Había malestar en la Asamblea con los servicios de la cafetería […] me eligieron en el comité de expertos que valoraban las ofertas porque quizá pensaron que yo tenía más elementos de juicio porque comía todos los días en la Asamblea”, argumentó la popular en la comisión de investigación de la corrupción en la cámara madrileña.
La declaración de la ex letrada de la Asamblea pone de manifiesto ahora que Anticorrupción no entiende por qué Cifuentes acumulaba dos cargos que tenían influencia directa en las adjudicaciones públicas. Según La Vanguardia, la Fiscalía preguntó a la exjefa de asesoría jurídica: “¿No formuló ninguna reserva de que Cifuentes formara parte también del comité de expertos, además de la mesa de contratación?”.
”¿No había más gente para que estuviera ella en las dos mesas? Nos llama un poco la atención”, insiste la fiscal anticorrupción sobre el papel de Cifuentes según el mismo medio. Recoder contestó que desconocía el procedimiento en la otra mesa, la de contratación, a la que Cifuentes también pertenecía. La fiscal pregunta si ambas eran expertas en restauración o si “alguien era experto” en ese campo en toda la mesa de expertos, a lo que la ex letrada admite que no, y que participaron en la decisión “por sentido común”.
Recoder asegura que la adjudicación no fue irregular porque “no lo habría permitido”, y relató que el comité de expertos se reunió en el propio despacho de Cifuentes para valorar cuál era la mejor oferta para gestionar los servicios de cafetería de la Asamblea.
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